31 de diciembre de 2018

El Brexit catalán.

Dos años antes del referéndum británico, de junio del 2016, La Vanguardia me publicó un artículo titulado “Primero un nuevo acuerdo; después la consulta” en el que sustancialmente defendía la necesidad de que el referéndum para decidir el estatus jurídico-político de Catalunya se produjera como consecuencia de un acuerdo institucional previo, para que, además de cumplir con la legalidad, los catalanes votaran sobre las concretas condiciones de su marco político y no sobre la expresión abstracta de un deseo.

El enorme fracaso del Brexit no ha hecho sino confirmar las razones de mi propuesta y me sorprende que el nacionalismo catalán sostenga su referéndum autodeterminista a pesar de las enseñanzas de la dramática experiencia británica.

David Cameron creyó que el histórico dilema británico en Europa se resolvería en un referéndum forzosamente binario: sí o no a Europa, remain o Brexit. Ganó el no y lo que vino después todavía está sucediendo y nadie sabe cómo acabará.

Los derechos de millones de personas y de sus familias (europeos en el Reino Unido y británicos en Europa), en el aire; su moneda, devaluada; su economía, a la baja; su potente sector financiero, en riesgo, y el único acuerdo posible para materializar su salida de la Unión, rechazado por el Parlamento y quién sabe si por el pueblo, si este fuera de nuevo consultado en un segundo referéndum. Su comunidad está fracturada; la paz de Irlanda, en peligro, y su integridad territorial, cuestionada. Quizás sólo queden Inglaterra y Gales después de semejante catástrofe.

Dejo para otro capítulo los riesgos del Brexit sin acuerdo, un verdadero caos comercial y jurídico para todos. Verdaderamente horrible. Jamás nadie hizo tanto daño a su país pretendiendo salvarlo con el famoso y falso “derecho a decidir” en un referéndum de autodeterminación de Europa.

Un referéndum convocado para expresar un “deseo”, forzosamente limitado a un sí o un no, en un cuerpo social cuyas identidades sentimentales y políticas son complejas, fractura sin remedio a la población y la condena a la división por generaciones. Más allá de la legalidad de la consulta –que no es un problema menor, como lo estamos viendo en la judicialización que sufrimos ahora–, los problemas se hacen irresolubles a la hora de implementar la respuesta ganadora en la consulta, porque ninguna de ellas resuelve la naturaleza compleja de la convivencia plural.

El no mantiene intactas las reivindicaciones culturales, políticas y económicas del conflicto, y el sí no puede materializarse porque la negociación posterior evidencia tal cantidad de problemas que la hacen imposible.

Esta es la experiencia del Brexit, y podría haber sido la de Canadá si los independentistas no hubieran perdido el referéndum en su día. Es la consecuencia lógica, evidente, de aplicar el referéndum de independencia en comunidades fracturadas al 50%, como lo es Catalunya.

Por eso, el nacionalismo catalán debe asumir que la defensa de sus reivindicaciones exige un acuerdo interior previo en Catalunya, como dice el comunicado conjunto del Gobierno y la Generalitat después de la reunión del pasado 20 de diciembre. De la misma manera, la política española tiene que asumir que necesita reformular el marco de relación con Catalu-nya en un nuevo acuerdo político para las próximas generaciones.

Una semana después de la publicación de mi artículo me escribió el expresident Pujol y me invitó a verle. A finales del 2013, le visité en su fundación y tuvimos una amable y larga charla. Al expresarme su decepción con el modelo autonómico –estábamos en los inicios del procés–, utilizó la clásica metáfora marinera diciendo algo así como: “Catalunya se va del barco, nos bajamos…”. Mi respuesta fue: “Se van a ahogar ustedes, president. No hay costa”. Su respuesta, gestual, sin palabras, arqueando las cejas y extendiendo los brazos, fue un triste “¡qué le vamos a hacer!”.

Salí de aquella conversación preocupado, pesimista. Son los mismos sentimientos que tengo hoy acrecentados. Porque, mirando la catástrofe del Reino Unido, me pregunto: ¿hemos aprendido algo del Brexit?
 
Publicado en La Vanguardia, 31/12/2018

19 de diciembre de 2018

Pongamos fin a las "golden visa"

 El Gobierno del PP aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Entre otras cosas, esta ley regula, en su Sección 2. ª –«Movilidad internacional»– “determinados supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España”. Una medida dirigida a “inversores, emprendedores, trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, profesionales altamente cualificados e investigadores, así como a los cónyuges e hijos mayores, a través de un procedimiento ágil y rápido”.

Dichos visados y autorizaciones de residencia son las llamadas 'golden visa' (visados de oro), término que se utiliza para denominar aquellas políticas específicas desarrolladas por países que buscan atraer a personas ricas, nacionales de terceros países, para que se conviertan en residentes o ciudadanos.

Tales políticas comenzaron a hacerse habituales en varios países de la UE que buscaban atraer inversión extranjera tratando de paliar los duros efectos de la crisis económica y financiera, a los cuales, como decíamos, no fue ajena España. Así, en la actualidad 13 Estados miembros de la UE aplican normas por las que se intercambian ciudadanía o derechos de residencia a cambio de inversiones.

De los varios supuestos que contempla la norma española para conceder una 'golden visa' destaca el de aquellos solicitantes que realicen una “adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante”.

Los expertos han dejado claro que las Visas Oro son una puerta abierta a la evasión fiscal y al lavado de dinero negro. En muy pocos años los países europeos han concedido más de 100.000 permisos de residencia y se han concedido más de 6.000 pasaportes. A veces, son personas ligadas a negocios oscuros, incluso al crimen.

En la actualidad, cuatro Estados miembro (Austria, Bulgaria, Chipre y Malta) venden este tipo de visados y otros 13, entre los que se encuentra España, aplican normas por las que se intercambian ciudadanía y derechos de residencia a cambio de inversiones.

No hay estudios que permitan acreditar que las inversiones que autorizan el visado sirvan para nada bueno. No se conoce la cantidad de dinero que han movido las 'golden visa' pero, probablemente, buena parte de él busque su lavado y ser evadido al fisco de los países de origen.

España ha concedido hasta la fecha 24.755 'golden visa', tanto a inversionistas como a sus familiares. El reparto por nacionalidad lo dice todo:
7.118 chinos
4.715 rusos
4.327 norteamericanos
3.233 indios
3.116 venezolanos

Los principales destinos de las inversiones también son indicativos: Madrid, Barcelona y la Costa del Sol (Marbella es el destino preferido de los rusos).

La UE está altamente preocupada y seriamente decidida a prohibir estas prácticas porque representan serios riesgos de lavado de dinero negro y evasión fiscal, además de la conexión, que en algunos casos se pueden dar, con el crimen organizado. No olvidemos que la Visa nacional de un país europeo permite a esas personas moverse por toda Europa con plena libertad, de manera que las quejas de aquellos países que no tienen estos esquemas son constantes y reiteradas, por el hecho de que otros “venden” residencia europea al conceder ciudadanía nacional a cambio de dinero o inversión.

El Gobierno de España debería estudiar esta situación y derogar esta norma. No nos trae nada bueno y encarece el precio de las viviendas en nuestras ciudades. Además ofende a la moral cívica de un país que niega la residencia a tantos y se la concede a tan pocos… Solo por ser ricos.
 
Publicado en El diario.es  19/12/2018

14 de diciembre de 2018

La razón de una huelga total.


Fue una huelga total, además de general. Paró al país entero, todas las fábricas, los colegios, las universidades, el transporte, el comercio. Hasta la televisión, a medianoche del día anterior. Nos golpeó fuerte. El Gobierno y el PSOE sentimos la protesta de un país ampliamente movilizado por los sindicatos y todas las fuerzas políticas de la oposición, incluida la derecha.

¿Qué había pasado? A comienzos de los años 80 del siglo pasado España estaba mal, muy mal. La economía sufría desequilibrios muy graves, de inflación, déficit exterior, una recaudación fiscal muy baja, un presupuesto muy débil, poca productividad y un aparato industrial achatarrrado. La mayoría de los países europeos habían afrontado las grandes reformas que exigió la crisis del petróleo de los 70. España, en plena transición política estaba bloqueada.

Cuando llegó el PSOE al Gobierno, avalado por una mayoría absoluta abrumadora (202 diputados), puso en marcha una política de saneamiento macroeconómico y de reconversión industrial que obligó a todos a grandes sacrificios. Baste recordar el cierre de industrias obsoletas y sin mercado o la reforma de la Seguridad Social, como ejemplos puntuales de aquella emergencia nacional.

Fueron años durísimos. Atravesados por una negociación para entrar en Europa que, a su vez, era condición inexcusable de modernización del país y de la internacionalización de su economía. El primer Gobierno de Felipe González se volcó en esta tarea y a pesar de las protestas y de las dificultades renovó su mandato electoral con mayoría absoluta en 1986 (184 diputados).

Entramos en Europa, empezó a crecer la economía, el empleo, los beneficios de las empresas... y la gente dijo: «ahora me toca a mí». Y tenían razón. La protesta generó un clima social altamente reivindicativo y provocó un enorme impacto político en el seno del PSOE. Felipe encargó a Solchaga que negociara con los sindicatos y los acuerdos alcanzados configuraron un conjunto de medidas sociales que son base del actual Estado de Bienestar español. La protección al desempleo, las leyes laborales, el fortalecimiento sindical, la creación del tercer pilar social en política de servicios sociales, fueron algunas de las conquistas de aquella generación.

Aquella década fue, con todo, extraordinaria, y puso las bases de la España de hoy. Consolidó la democracia, construyó las autonomías, internacionalizó la economía, mejoró la educación, modernizó la sociedad e inició las grandes inversiones públicas para las infraestructuras del transporte y la comunicación.
En resumen, aquella fue una huelga con razones, que sirvió a España y sus afanes.

Publicado en El Correo, 14/12/2018

11 de diciembre de 2018

Intervención Sesión Plenaria 11/12/2018

Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto.


 

10 de diciembre de 2018

Escenarios británicos (y europeos) para un Brexit fracasado.

 El próximo 11 de diciembre, Westminster votará el acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea y entraremos en la fase definitiva de este confuso y traumático proceso que se inició aquel fatídico 23 de junio de 2016. Nunca nadie hizo tanto daño a su propio país como Cameron convocando aquel maldito referéndum que muchos creyeron (y todavía muchos siguen creyendo) que era una expresión superior de democracia. Me parece increíble que en nuestros propios lares no hayamos aprendido las lecciones que se extraen de esta experiencia y que han demostrado hasta la saciedad que las respuestas binarias a problemas complejos son falsas y que la materialización política de deseos abstractos resulta imposible, además de dividir la sociedad y fracturar el país.

Si el Parlamento británico acepta el acuerdo suscrito en Bruselas el pasado 25 de noviembre, las cosas se clarifican. El Reino Unido se va ordenadamente de la UE el 30 de marzo de 2019 con arreglo a un tratado que regula suficientemente bien las consecuencias de tan relevante decisión; los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y de los británicos en la UE; el coste económico de la retirada; la gobernanza de los diferentes problemas sectoriales que suscita la marcha, y la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera para evitar la frontera 'dura' entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.

Además, Reino Unido y UE comenzarán inmediatamente a negociar un acuerdo de asociación que regulará las relaciones políticas, económicas, comerciales, etc. entre dos socios-amigos para el futuro, con arreglo a la declaración política que fue suscrita por Europa y el Reino Unido el mismo día en Bruselas. El plazo para esa negociación se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020, con posibilidad de prórrogas.

Pero si el Parlamento británico rechaza el acuerdo que le presenta la primera ministra May, los escenarios son tan confusos como caóticos. Y, desgraciadamente, todo hace pensar que el próximo martes nos encontraremos en esa situación. ¿Qué ocurrirá entonces? Existen cinco posibles escenarios.

1. La señora May vuelve a Bruselas y pide renegociar
La UE se niega a revisar lo mas mínimo el tratado de retirada, pero le ofrece retoques en la declaración política que enmarca el futuro acuerdo UE-Reino Unido y, en su caso, la somete a aprobación del Consejo Europeo ordinario del próximo 14 de diciembre o, más probablemente, de uno extraordinario en navidades. Si eso se produjera, la señora May vuelve a Londres y pide una nueva votación antes del 21 de enero, fecha límite para la tramitación legislativa del acuerdo en Westminster.


2. Elecciones generales

Si Westminster rechaza el nuevo acuerdo, las elecciones pueden ser la respuesta de una señora May humillada y desautorizada. En realidad, es una respuesta democrática y políticamente razonable ante la dimensión del problema y el caos de las alternativas.

El problema de esta hipótesis es que los votantes vuelvan a elegir un Parlamento con mayoría de diputados en contra del acuerdo, independientemente de si las guerras internas del Partido Conservador acaban apartando a May del liderazgo del partido y del 10 de Downing street. Pero, en estas elecciones, habría alta probabilidad de que se formara un nuevo Gobierno laborista en coalición con Liberales Demócratas y Partido Nacionalista Escoces, y en ese supuesto cabe un aplazamiento de la retirada hasta finales de mayo de 2019 para negociar un acuerdo con la UE o para convocar previamente un segundo referéndum, una opción que va sumando apoyos entre las filas del partido liderado por Jeremy Corbyn, quien lo ha descartado en repetidas ocasiones pero que quizá podría acabar aceptándolo si se siente presionado desde su propio partido.

 3. Negociar un nuevo acuerdo

Es la alternativa de un Brexit blando que saca al Reino Unido de la unión política e institucional pero que lo mantiene en la unión aduanera europea. Es la 'formula noruega' que incorpora el Reino Unido a la Asociación Europea de Libre Comercio para permanecer en el Mercado Único de la UE. Es verdad que esta fórmula priva al Reino Unido de uno de los argumentos estrella del Brexit, como lo fue el control de las fronteras del país, pero las ventajas de permanecer en el Mercado Único son fundamentales para el futuro económico, comercial y financiero del Reino Unido, además de resolver el problema de la frontera con Irlanda. Este nuevo acuerdo podría lograrse con gran celeridad, antes de las elecciones europeas del 26 de mayo, ya que su complejidad técnica y política se reduce considerablemente y permitiría al Reino Unido no participar en dichos comicios. Porque no debe olvidarse que, si la retirada no se materializa antes de esa fecha, los británicos deberán participar en las elecciones.

4. Segundo referéndum

Un nuevo Gobierno surgido de unas elecciones anticipadas o la propia May, con el permiso de Westminster, podría también convocar un segundo referéndum sobre el acuerdo que rechazó el Parlamento. Pero es una idea llena de problemas. Los primeros tienen que ver con las consecuencias sociales y políticas de una nueva consulta. Los resultados serán parecidos, aunque lo sean en sentido opuesto, y el país volvería a fracturarse. El ridículo internacional es grande, y el malestar social y civil del pueblo británico con sus instituciones puede ser peligroso. Por otra parte, la pregunta es crucial. De la naturaleza de esta pueden desprenderse frustraciones preocupantes y limitaciones democráticas muy serias. No es lo mismo que las opciones sean votar sí o no al acuerdo que votar entre el acuerdo y el Brexit o votar entre el acuerdo y el 'remain'. Las tres opciones son muy diferentes.

5. Brexit a las bravas


Si el divorcio británico llega a finales de enero sin ninguna de las alternativas anteriores, todos tenemos que prepararnos para el desastre. Los planes de contingencia se disparan en todos los ministerios de todos los estados miembros y en la Unión. Sobre todo en el propio Reino Unido, donde, de un día para otro, se quedan sin leyes europeas que regulan el 70% de la actividad económica y comercial. En el intervalo, Reino Unido y UE negocian acuerdos transitorios de contingencia sobre múltiples sectores sensibles afectados por la retirada sin leyes: aviación, transporte, aduanas, seguros, finanzas, etc. Y lo peor, los derechos de los ciudadanos, regulados y protegidos en el tratado de retirada, quedan en el limbo al albur de las decisiones políticas consecuentes. Muy probablemente, en ese caso, se aceptarán transitoriamente los acuerdos logrados en el tratado, pero todo dependerá del clima político que presida ese tiempo.
Publicado en el Confidencial, 9/12/2018

9 de diciembre de 2018

Entrevista Deia. 9/12/2018



BILBAO- El pasado marzo, coincidiendo con el 25 aniversario de la fusión con Euzkadiko Ezkerra (EE), el socialista vasco Ramón Jáuregui anunciaba que deja la política en activo, “aunque nunca lo hace ni quiero dejarlo”, y “orgulloso” tras 40 años de actividad con reconocimiento público. El eurodiputado apura sus últimos meses tras haber ejercido de casi todo, entre otros cargos el de vicelehendakari del Gobierno vasco con José Antonio Ardanza entre 1987 y 1991, ministro de la Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del grupo del PSOE en el Congreso y con escaño en Estrasburgo desde 2009. Desde esa óptica europea, donde emerge el magma de la ultraderecha, quien creció en el barrio donostiarra de Herrera como el más pequeño de diez hermanos, desbroza el escenario del Estado tras el tsunami electoral de Andalucía con la fuerte irrupción de Vox y la más que probable pérdida del palacio de San Telmo del PSOE de Susana Díaz tras casi cuatro décadas en el poder.

¿Qué análisis hace de lo sucedido en el bastión electoral socialista?

-Es preocupante para todos porque aparece un populismo aún por definirse y que puede provocar una grave distorsión en la solución de los problemas territoriales. Vox representa una radicalización del antinacionalismo y tensionará a los partidos de la derecha hacia una actitud que puede destruir el modelo territorial y alentar la tensión radical de los independentistas catalanes.

¿Debe hacer autocrítica el PSOE y la izquierda, al no saber captar el descontento ciudadano?

-Andalucía tiene un componente de desgaste de 36 años y eso ha afectado al resultado, al igual que una abstención con la que no contábamos. Pero estoy seguro de que Vox recoge votos de muchos descontentos y, como en otros países europeos, también de la izquierda, tanto por el descontento social como por la demagogia antiinmigratoria. Además, la campaña electoral se catalanizó en contra del PSOE, y es que nuestra alianza con los nacionalismos, aunque sea coyuntural, tiene unos costes.

¿Tienen que replantearse los pactos con los soberanistas?

-No. El PSOE no tiene más remedio que seguir defendiendo la reforma constitucional que permita pactar con los nacionalismos. Eso no tiene vuelta de hoja y no lo podemos cambiar. Nuestra misión es defender el modelo autonómico y constitucional. Lo malo de esto es que la derecha y el centro derecha se nos han escapado a una vertiente antinacionalista que puede hacer inviable toda propuesta política de pacto.

Como en sus inicios, las sociedades exigen otro ‘modus vivendi’.

-Mi reflexión es que sigue habiendo razones para luchar. Quienes decían que la Historia acabó hace veinte años cuando cayó el Muro de Berlín, que se fijen en la regresión democrática que encaramos. Todas las librerías del mundo están llenas de este debate y es que cada tiempo tiene su afán. Hace 40 años luchábamos por la democracia, la libertad o el autogobierno, y ahora hay otras causas donde sigue siendo necesaria la mejoría de las personas, el compromiso con los valores y alimentar el corazón de la gente.

Deja un Estado fracturado política e institucionalmente, con una ‘salvamización’ de las posturas.

Estamos inmersos en un cambio de sistema político que ha alterado el mapa después de que el bipartidismo acabara. No podemos minusvalorar esta crisis democrática, ni devaluar los derechos humanos, el proteccionismo comercial o el abandono de Estados Unidos en la cumbre del cambio climático. El brutalismo político es bastante peligroso con muchos de los insultos que se lanzan en el Congreso, me preocupa el desprestigio institucional, del poder judicial, del lesgislativo... España se enfrenta a un futuro complicado y liderada por jóvenes de 40 años como Urkullu, Junqueras, Sánchez, Rivera, Casado o Iglesias, que afrontan una España que está todavía por hacer y que no se encarrilará hasta tener un nuevo Gobierno tras unas elecciones.

¿Adelantará Sánchez los comicios?

-No estoy en la cabeza del presidente y todos son especulaciones.

Un presidente a quien desde el PSOE, sobre todo el de Susana Díaz, subestimaron su poder de atracción dentro de la militancia.

-En eso nos equivocamos mucho. Yo defendí la abstención y aparque el famoso no es no para evitar unas terceras elecciones en pocos meses. Pero la militancia estaba enrabietada y luego le dieron a Sánchez una gran oportunidad con la sentencia del caso Gürtely el escándalo social. Desde luego, la moción de censura es la máxima sanción institucional a un gobierno corrupto.

La derecha no lo ha superado y alude a Sánchez como ilegítimo?

-No es más que populismo, que actúa en estadios como el empobrecimiento de clases bajas y medias, la era digital en las redes;o que hay liderazgos que no crean opiniones ni ayudan a vertebrar la sociedad. El empoderamiento de las redes ha empobrecido el debate con las fake news. El fenómeno migratorio actúa como caldo de cultivo y eso hay que combatirlo porque te salen un Salvini (Italia), Le Pen (Francia) o Vox. Por eso Europa reclama una respuesta inteligente.

¿Catalunya es ahora el gran dolor?

-Sin duda alguna, la demanda nacionalista es la única cosa que ha salido mal del proyecto constitucional. Otras asignaturas que vienen de los 70 -el marco democrático, la libertad, la tensión militar y de las religiones...- se han resuelto de forma notable. El Título VIII fue generoso e inteligente con el tema territorial pues nos aportó un modelo casi federal. Pero en Catalunya hay una falla. Es la gran causa que reclama nuevos acuerdos políticos.

¿Y le ve solución?

-A corto plazo soy bastante pesimista. El tema judicial es incontrolable y probablemente haya sentencias con condenas de varios años. Y además hablamos de un independentismo, incluida la burguesía, que quiere eso y no otro pacto y mano tendida, y que se puede radicalizar en este contexto.

Algunos de los ministros socialistas se han referido a los indultos como una vía de reconciliación.

-Es pronto para eso. Pero yo creo que habrá juicio, condena y proseguirá el encarcelamiento. La cuestión catalana la tendrá que abordar el próximo Gobierno español y todo dependerá de su orientación, y será más difícil si no es la actual. La derecha habla sin reparos de recentralización de las competencias y con un posicionamiento muy agresivo, pero sin ella, sin esa derecha, es imposible que haya una reforma de la Constitución. O la reforma es pactada, o no lo es.

¿Y cuál es el antídoto para controlar esas posiciones tan ultras?

-Pues, por ejemplo, más Europa. Al contrario de lo que se dice, sigue siendo un proyecto maravilloso, la unión supranacional es la receta contra esa extrema derecha de Italia, Hungría, Polonia y que se nos cuela. Europa es la salvación de la tentación fascista, con grandes masas de población educadas en la democracia. Hemos pasado una tormenta perfecta. Juncker tenía razón al decir que vivimos una crisis existencial. Y como afirmaba Galileo: Pero se mueve. Hay viento de popa en nuestras velas.

¿Pese al ‘Brexit’ británico?

-En 2016, en su momento más dramático, provocó pánico porque existía el riesgo de que le imitara Le Pen en Francia saliéndose del euro. Pero todo ese temor se ha disipado solo dos años después, y la negociación del Brexit ha dejado la evidencia de que el que se va, se ahoga. Finalmente, la Europa de los 27 ha trasladado al Reino Unido todos los problemas de su decisión.

¿Qué legado personal deja?

-Me voy con el orgullo de que conmigo no habrá puerta giratoria. Me siento querido y reconocido. Me basta con que digan que fui un hombre coherente, que sintió sus ideas y a sus ciudadanos. No quiero más, ni homenajes. Seguro que he tenido imperfecciones, pero he sido honesto, y no puedo ocultar de que sentiré algo de nostalgia.
 

Entrevista para Deia, 9/12/2018
Foto: Rubén Plaza

6 de diciembre de 2018

Juego limpio.


La reforma constitucional debe ser puntual, limitada y pactada, permitiendo así decidir sobre Monarquía, autogobierno, nuevos derechos sociales e igualdad.

Es absolutamente injusta la descalificación política de nuestra Constitución en base al porcentaje electoral que la apoyó en el País Vasco en 1978. Se suele argumentar que obtuvo tan solo un 30,8% de síes sobre el total del censo. Y es verdad. Pero también lo es que la abstención fue muy elevada (solo participó un 44,7% del censo) y que el 69,1% de las personas que emitieron su voto la respaldaron. Y digo que es injusto, primero, porque las reglas son las reglas y el cómputo era nacional y no local o regional. De la misma manera que en Reino Unido nadie cuestiona el resultado favorable al ‘Brexit’, aunque en Escocia y en Irlanda del Norte el voto fuera mayoritario contra él. De la misma manera que nadie cuestiona la legitimidad democrática del presidente de Estados Unidos, aunque el porcentaje de participación electoral en su elección ronde el 50%. Y es bueno recordar que el 6 de diciembre de 1978 el 87,9% de los españoles votó sí a la Constitución. Segundo, porque la abstención no equivale a rechazo, y en aquel referéndum, en el País Vasco, los votos afirmativos fueron el tripe que los negativos (497.295 frente a 163.191). La abstención no deslegitima ni legal ni políticamente aquel texto porque, si se hubiese pretendido esa deslegitimación política, el PNV, principal impulsor de esa abstención, habría recomendado el voto negativo. Y no lo hizo.

 No lo hizo porque sabía que aquella Constitución devolvería al País Vasco tres instituciones fundamentales: la autonomía, el Concierto y los derechos históricos. No lo hizo porque sabía que allí había instrumentos para desarrollar un autogobierno como nunca tuvimos y que el marco de libertades y democracia que se configuraban en España era homologable al de las mejores constituciones del mundo. No lo hizo por ese calculado juego a la ambigüedad que con tanta habilidad practica el PNV.

De hecho, sus previsiones resultaron plenamente cumplidas. Ha gobernado el país durante cuarenta años desde las instituciones surgidas y creadas por la Constitución. Hemos construido un nivel de autonomía financiera, competencial y política como nunca tuvo el País Vasco (cualquier comparación con épocas históricas pasadas pone en evidencia la simplicidad de las instituciones forales del Viejo Régimen) y como pocas regiones autónomas tienen en el mundo (cualquier comparación con los cantones suizos, los länders alemanes o avanzados modelos de descentralización territorial, deja al País Vasco en los primeros lugares del ranking del autogobierno). Hemos convivido en un marco de libertades, en una democracia pluralista, en un Estado de Derecho, en un modelo social de mercado, en un sistema de protección a las minorías y de bienestar social que jamás conoció España ni, por supuesto, tampoco el País Vasco.

Me entristece, por eso, asistir de nuevo a ese discurso destructivo de nuestros nacionalistas sobre este periodo histórico pasado, empeñados en negar las virtudes de nuestro marco constitucional y estatutario. Es totalmente injusto e incoherente con la realidad que disfrutamos.

Es absolutamente cínico apelar a la Carta Magna para las reivindicaciones competenciales y descalificar al mismo tiempo la Constitución. O reclamar una nueva amparándose en la potencialidad de los derechos históricos que garantiza, precisamente, la actual.
Es bastante paradójico escuchar a la izquierda abertzale sus críticas a una Constitución que, en su momento, sus amigos combatieron a sangre y fuego. Ojalá las hubieran hecho en 1978 en lugar de matar a casi cien personas cada uno de aquellos años en su fanático combate a la democracia española y al autogobierno vasco. Yo recuerdo muy bien la soledad de socialistas y comunistas (PSE y PCE) defendiendo la Constitución en las calles vascas. En fin, por la paz, un Ave María. Es infantil y propio de novatos irresponsables defender un nuevo periodo constituyente para hacer una Constitución nueva en la España de hoy. Una Constitución es un marco de convivencia, un ordenamiento básico sobre los parámetros de la alternancia democrática, un consenso básico sobre las reglas del juego. Reclama un acuerdo con casi todos. También con las derechas políticas, también con los monárquicos, con los nacionalismos, con las izquierdas, con la laicidad, con nuevas exigencias sociales y medioambientales, con la igualdad en todas sus expresiones, con las libertades, con Europa, con la economía globalizada... ¿Alguien cree conveniente un periodo constituyente poniendo patas arriba un marco que, con todos las imperfecciones, ha sido válido para todas las opciones ideológicas y ha permitido desarrollar los mejores cuarenta años de nuestra historia contemporánea? ¿Alguien cree posible un consenso sobre todas esas cuestiones en el fragmentado sistema político español de hoy?

 Yo creo en la reforma constitucional precisamente porque defiendo la Constitución de 1978. Es una reforma puntual, limitada y pactada, y defiendo que sea refrendada por el pueblo español, permitiendo así, decidir sobre Monarquía, autogobierno, nuevos derechos sociales, igualdad... Pero reclamo un proceso legal y lógico: primero un acuerdo político amplio y luego la consulta popular sobre ese texto seguido de elecciones generales. Ese es el camino. Eso es jugar limpio.
Publicado en El Correo, 6/12/2018

Intervención Comisión AFCO. 6/12/2018

Creación del Fondo Monetario Europeo.




3 de diciembre de 2018

Las empresas digitales tienen que pagar impuestos.

 El tiempo se agota. Cuando los ministros de Finanzas europeos se reúnan este martes, deberían adoptar el impuesto sobre servicios digitales: un gravamen sobre el volumen de negocio de las grandes empresas digitales como Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking y Spotify. Esto podría generar hasta 10.000 millones de euros de ingresos públicos anuales, muy necesarios para promover el crecimiento económico sostenible, la creación de empleo y la prestación de servicios públicos esenciales.

Mientras que los ciudadanos y las pequeñas empresas pagan sus impuestos donde viven y trabajan, las grandes multinacionales digitales prácticamente no pagan nada. El pasado mes de marzo, la Comisión Europea reveló que el sector digital tenía un gravamen del 9,5% del impuesto de sociedades, mientras que los sectores tradicionales contribuyen con una media del 23%, más del doble. Sólo en 2017, Amazon obtuvo unos ingresos de aproximadamente 25.000 millones de euros en Europa, pero consiguió tributar casi cero impuestos.

Los regímenes fiscales actuales están desfasados debido a la globalización y la digitalización. Diseñados a principios del siglo XX para una economía de ladrillos y cemento, ya no funcionan en nuestra economía cada vez más digitalizada. Además, las divergencias entre las normas fiscales nacionales y las lagunas legales hacen que la evasión y el fraude sean prácticamente un juego de niños. Las revelaciones de los Papeles del Paraíso han mostrado cómo las multinacionales capitalizan estos vacíos jurídicos empleando elaboradas construcciones que les permiten trasladar los beneficios a paraísos fiscales donde los tipos impositivos son bajos o incluso nulos.

Las compañías digitales son particularmente propensas a esto. Se benefician de una escasa presencia física en Europa y, por lo tanto, pueden enviar los beneficios al Estado más favorable a sus intereses. De este modo, están impulsando la competencia entre los Estados miembros y liderando una carrera a la baja en la tributación de las empresas.

A menos que se cambien las reglas del juego, continuarán los impuestos injustos y las tasas impositivas decrecientes. Tomar las medidas y hacer las reformas necesarias requiere tiempo, pero lo más importante es el liderazgo, en este caso, el liderazgo europeo.

Nuestra mejor forma de fomentar el debate internacional en esta materia es mediante una iniciativa europea que garantice que las empresas digitales paguen los impuestos que les corresponden cuanto antes. La mejor opción sería adoptar el impuesto sobre los servicios digitales tal y como propone la Comisión Europea y, preferiblemente, con una tasa superior al 5% en un ámbito amplio, que incluya ingresos procedentes de contenidos digitales como Netflix y el comercio electrónico de Amazon.

La segunda mejor opción sería decidir ahora sobre una solución de contingencia, que entraría automáticamente en vigor si las negociaciones internacionales en la OCDE no logran imponer impuestos a la economía digital y que podría unir las posiciones de Francia y Alemania. Garantizar que entrará en vigor un impuesto europeo sobre servicios digitales en diciembre de 2020 como fecha límite es necesario para presionar en el ineficaz proceso de regulación global. Solo la amenaza creíble de una respuesta regulatoria traerá a Estados Unidos a la mesa de la OCDE y logrará una solución multilateral sobre la fiscalidad de la economía digital.

Nos arriesgamos a perder la oportunidad de que la UE pueda gravar a las empresas digitales. Posponer una decisión otros dos años no es una opción. Exigimos acciones para detener esta injusticia que consiste en una baja o nula tributación sobre los beneficios obtenidos por estas empresas en Europa.

Pedimos a los ministros de Finanzas europeos que ofrezcan una solución. Ahora. Para asegurar que la digitalización de la economía no conlleve una mayor carga fiscal para los empleados o las pequeñas empresas. Europa necesita recuperar su soberanía fiscal. La equidad está en juego.
 

Ramón Jáuregui, Jonás Fernández, Udo Bullman, Paul Tang -

Eurodiputados socialistas para El Diario.es 3/12/2018

29 de noviembre de 2018

27 de noviembre de 2018

Intervenciones AFCO 27/11/2018

Encuentro Europeo de la juventud European Youth Event (EYE)


 
 
 
 


 
 
Informe sobre el futuro de Europa



15 de noviembre de 2018

La cumbre iberoamericana 2018: multilaterismo en tiempos adversos.

 ¿Por qué es importante la Cumbre Iberoamericana de Guatemala? Primero, porque es una oportunidad única de que los jefes de Gobierno de América Latina se vean y hablen entre sí, con la compañía de España y Portugal. Segundo, porque van a fijar una hoja de ruta común hacia los grandes objetivos de la humanidad para 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y tercero, porque van a mejorar su propia integración latinoamericana y sus relaciones con Europa.
El mundo sufre una oleada aislacionista y antipluralista, dos tendencias que por desgracia suelen ir de la mano. Prácticamente en todas las regiones se observan síntomas de repliegue nacional y gestos de rechazo al multilateralismo. EE UU abandona sus compromisos en materia de libre comercio, cambio climático y contención de armas nucleares, y muestra su desconfianza hacia Naciones Unidas y hacia sus socios tradicionales de la OTAN y la UE. En Europa, el nacionalismo y el populismo conciben el embrión de una alianza que pretende socavar desde dentro el proyecto comunitario y la democracia liberal, mientras Reino Unido se desliza por la pendiente del Brexit. En Asia, China consolida su poder sin disimular sus objetivos de predominio geoestratégico y su visión del orden mundial, donde la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional son aspectos secundarios, cuando no prescindibles. Rusia y Turquía, encerradas en sus derivas autoritarias, buscan reforzar sus respectivas áreas de influencia, aun al precio de incrementar peligrosamente la inestabilidad internacional.

América Latina vive su propia versión de estas tendencias, y el deterioro de la situación en dos países con especial carga simbólica, Venezuela y Nicaragua, está empañando las relaciones entre los países de toda la región. Ese tensionamiento progresivo, ha redundado en el bloqueo o el desprestigio de la mayoría de instituciones de integración regional, desde UNASUR a CELAC, pasando por el ALBA y la OEA.
Como consecuencia de esa situación también las relaciones de la región con Europa han experimentado un frenazo. Las Cumbres de jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC, que comenzaron en 2013 con un impulso prometedor, están en este momento suspendidas, y los canales de desarrollo de la Alianza Estratégica Birregional, ralentizados o interrumpidos. Además, el Acuerdo UE-Mercosur sigue encallado en una negociación técnica interminable.

En medio de este panorama, la continuidad de las Cumbres Iberoamericanas supone una apuesta por el multilateralismo contra el viento y la marea de los tiempos que corren. Una apuesta que permite además mantener el contacto entre Europa y América Latina, ya que ese espacio reúne a países de ambas regiones. La doble condición de España y Portugal, que son parte de la comunidad iberoamericana a la vez que miembros de la Unión Europea, ha permitido históricamente a estos dos países jugar un papel de gozne entre regiones. A la vista del actual bloqueo de la relación birregional, ese papel es ahora más urgente y clave que nunca.

Las Cumbres Iberoamericanas llevan 27 años sentando a la misma mesa a jefes de Estado y de Gobierno de 22 países. Se trata del único foro de diálogo iberoamericano al máximo nivel que ha venido reuniéndose ininterrumpidamente durante casi tres décadas, que mantiene su actividad de forma constante a través de su órgano permanente entre Cumbres -la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que actualmente desempeña Rebeca Grynspan- y que no ha expulsado ni vetado a ninguno de sus Estados miembro. Todo ello dota a este foro de un plus de legitimidad basado en la continuidad en el tiempo, el pluralismo de sus componentes y el uso del diálogo como único mecanismo de interrelación. A esto se añade una legitimidad de ejercicio derivada de la configuración de las Cumbres como espacio de cooperación orientados a buscar soluciones concretas para los problemas de los miembros de la comunidad.

Los próximos 15 y 16 de noviembre tendrá lugar en Antigua (Guatemala) la XXVI Cumbre Iberoamericana, bajo el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. El propio título escogido contiene ya una cierta declaración de intenciones. Al hablar de prosperidad se alude al desarrollo y a la voluntad de que todos los países de la comunidad dejen atrás definitivamente la pobreza, pero también al esfuerzo por alcanzar un nivel de bienestar equiparable al de los países más ricos del planeta, superando la trampa de la renta media y el abismo de la desigualdad social, y asentando el crecimiento sobre bases sólidas y duraderas. La referencia a la inclusividad implica una visión plural en la que tienen cabida todos y todas sin distinción ni discriminación por razones de clase, género, religión, etnia, opinión o cualesquiera otros factores; una visión que contrasta abiertamente con los planteamientos de quienes aspiran a crear sociedades cerradas, homogéneas y enfrentadas entre sí, agitando las banderas del miedo, el odio y el prejuicio hacia el otro. Por último, la apelación a la sostenibilidad contiene una doble alusión económica y ecológica: sostenible es el modelo que proporciona bienestar de manera continuada en el tiempo, sin poner en peligro los recursos naturales que existen en el entorno y a nivel global.

La apuesta de la Cumbre de este año es, por lo tanto, clara: multilateralismo, pluralismo y cooperación para hacer frente a los retos del futuro, desde el cambio climático al desarrollo, pasando por la lucha contra las desigualdades de toda índole. Retos que nos afectan y nos comprometen a todos en tiempos peligrosos de nacionalismos populistas.

Ramón Jáuregui Atondo es eurodiputado y co-Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,
Publicado en EL País, 15/11/2018

13 de noviembre de 2018

La gran incógnita para cerrar Mercosur es lo que hará Bolsonaro.


BRUSELAS- El eurodiputado Ramón Jáuregui explica cuáles son los desafíos de la Cumbre Iberoamericana y analiza el estado de la relación entre la Unión Europea y Mercosur.

¿Cómo se presenta la Cumbre?

-La cumbre es importante porque no hay un foro internacional en América Latina que concite la unidad de los presidentes de gobierno o jefes de Estado de los países latinoamericanos. Todas las instituciones están colapsadas o incluso desprestigiadas, desgraciadamente. Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) está bloqueada desde que el grupo de Lima, a raíz de los conflictos de Venezuela, suspendió una reunión cumbre con Europa en 2017. Y así podríamos seguir con la OEA (Organización de los Estados Americanos), también muy fracturada por problemas internos. Segib (Secretaría General Iberoamericana) es una isla de organización internacional que pervive por una especie de prestigio de cultura superadora de los temas internos. Por todo esto, la Cumbre es una oportunidad de que los jefes de estado de América Latina y de España y Portugal se puedan reunir y hablar. Eso ya es importante. La segunda razón por la que esta Cumbre es importante es que ellos han establecido una hoja de ruta fijando un objetivo común: los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas para 2030. Y eso marca todo un conjunto de orientaciones a la acción conjunta de la Segib, fundamentalmente en el ámbito de la consolidación de las democracias, de la lucha contra la corrupción, combatir las inequidades y la pobreza y el cambio climático. En esos dos ejes están los temas de interés. Y para los europeos, lo importante es que esta organización es una puerta de conexión de Europa con América Latina a través de España y Portugal y por eso asistimos: porque sabemos que es una oportunidad para recuperar un marco de relaciones que sigue pendiente del acuerdo de Mercosur.

Como presidente del Eurolat, ¿cuál es su labor en la Cumbre?

-Somos observadores y formo parte de la representación europea. Junto con la directora de las Américas tratamos de establecer relaciones, hacemos presencia de observación. Es una oportunidad de hablar, contactar con el resto de países y saber cómo va la cumbre;qué objetivos se fijan. Tengo una agenda de contactos bilaterales con todos los ministros de exteriores. Observar y ver. Pero la cumbre es una puerta de conexión muy importante entre América Latina y Europa porque la cumbre de la UE-Celac de 2017 se suspendió porque la organización estaba fracturada.

¿Cuáles son las perspectivas para el acuerdo de Mercosur?

-La gran incógnita es lo que hará Bolsonaro. El grado de aproximación en la negociación permitiría un acuerdo rápido si se resuelve lo que parecen problemas técnicos, que nunca son solo técnicos. En cualquier caso, con un mínimo de voluntad política el acuerdo se podría suscribir en pocas semanas, pero hace falta saber si Brasil está por apoyar la decisión. No sabemos cómo va a actuar Bolsonaro porque no se sabe nada de su política internacional. Es muy difícil que desprecie un acuerdo con Europa porque somos el gran mercado de consumo para cualquier país del mundo. Somos 500 millones de consumidores con una alta renta media con capacidad para consumir cualquier producto. Sería muy poco lógico que Brasil diese la espalda a Europa, pero no lo sabemos. Mi opinión es que si Brasil se orienta razonablemente, en los próximos meses o antes de finalizar la legislatura europea habrá acuerdo. Las dudas que genera el señor Bolsonaro desde el punto de vista democrático son universales. El reconocimiento democrático a las elecciones de Brasil no nos impide mostrar una gran preocupación sobre los valores y las orientaciones que esa nueva presidencia le de a un país tan importante como Brasil. La Comisión Europea ha buscado una fría y diplomática felicitación, pero ningún entusiasmo político por la nueva presidencia.

Ortega en Nicaragua, Bolsonaro en Brasil y la situación de Venezuela empeora. ¿Cómo afecta la situación de América Latina a la Unión Europea?

-Europa está viviendo con preocupación la inestabilidad de los países latinoamericanos. Si uno mira con perspectiva histórica, en América Latina hace 25 años que se acabaron los golpes y las dictaduras. Desde finales de lo 80-90, Latinoamérica entra en un proceso de democracia consolidada en general, pero las democracias y los sistemas institucionales son muy débiles: hay una gran corrupción, un sistema fiscal muy débil y por tanto estados muy débiles, porque al no recaudar suficiente riqueza los estados no pueden expandir la educación, la sanidad, la seguridad, la justicia, etc. Esta debilidad institucional, atacada por el narcotráfico y la corrupción sistémica hacen que muchos países no avancen, no se desarrollen y mantengan espacios de pobreza que obligan a una migración masiva, como el caso de Centroamérica, fundamentalmente El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y además hay una persistencia de regímenes que se creían revolucionarios que han fracasado en la revolución y han tenido una fortísima tentación dictatorial: es el caso de Nicaragua o de Venezuela. Estas dos circunstancias establecen una relación difícil con Europa.



UNA ENTREVISTA DE. BORJA QUINTANA/AQUÍ EUROPA
Publicado en Deia, 13/11/2018
 

31 de octubre de 2018

El juego continua.

 “En la teoría de juegos hay dos tipos de juego; los juegos finitos y los juegos infinitos. Un juego finito se define por contar con unos jugadores conocidos, unas reglas fijas y un objetivo determinado. Como el Baseball. Por el contrario, en un juego infinito existen jugadores conocidos y desconocidos, reglas cambiantes y el objetivo es seguir jugando”. Así se explicaba el escritor inglés Simon Sinek en una de sus conferencias para TED.

Tanto la lucha sindical, como la defensa de los Derechos Humanos pertenecen a la segunda categoría de juegos. Siempre ha habido empleados (campesinos y obreros) y empleadores (los dueños de la tierra o el capital según la época) cuyos intereses en mayor o menor medida han chocado de forma frontal. Como explicaba Sinek, en este tipo de juegos las normas y los jugadores cambian con el tiempo, incluso, si se quiere, podemos decir que hasta el nombre del juego cambia (términos como capitalismo o movimiento sindical no nacen hasta bien entrado el siglo XIX, y hoy ya no hablamos de “lucha de clases” aunque sí de Estado de Bienestar). De manera que la lucha por los derechos de los trabajadores y la prevención y reparación de los efectos dañinos de las actividades económicas del hombre es una partida que lleva jugándose toda la vida y en la que con paciencia y sacrificio se han ido alcanzando logros notables, mayoritariamente en los países occidentales, como la jornada laboral de ocho horas, la abolición del trabajo infantil, el derecho a huelga y un largo etc.

Con la llegada de la globalización las normas, como tantas otras veces, volvieron a cambiar. El tablero de juego se expandió de forma notable y las empresas empezaron a operar de forma cada vez más habitual a nivel global y a trasladar determinadas actividades a lugares en donde la legislación se ajusta mejor a sus intereses (normalmente a países en vías de desarrollo).

No niego los efectos positivos de la globalización, la cual ha ayudado a millones de personas a salir del umbral de la pobreza, ni acuso a todas las ETNs de mala praxis. Muchas de ellas han actuado de forma responsable y lo llevan haciendo durante mucho tiempo. Nada de esto puede negarse. Sin embargo, tampoco pueden negarse los efectos nocivos que han traído consigo muchas operaciones de las ETNs en forma de innumerables abusos contra los DDHH que ocurren corno resultado de la globalización económica.

Siempre ha habido quien ha trabajado en aras de la prevención y la reparación justa de los daños provocados por las ETNs. Desde los Estados hasta la sociedad civil. No obstante, hasta el momento, el enfoque dominante ha sido la adopción de directivas de carácter voluntario para las empresas, un enfoque que si bien ha demostrado ser de cierta utilidad resulta insuficiente para abordar con contundencia el problema que se busca resolver. Es como presentarnos a un partido de tenis con un palo en vez de una raqueta. Seguro que alguna bola conseguimos devolver, pero el porcentaje será muy bajo.

En este contexto, hace cuatro años se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la resolución impulsada por Ecuador por la cual se creó un grupo de trabajo cuyo mandato fue “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante que regulara las actividades de las ETNs y otras empresas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos” (Res. A/HCR/RES/26/9). En otras palabras, Naciones Unidas dijo que ya era hora de comprar una raqueta.

La semana pasada se celebró en Ginebra la cuarta ronda anual de negociaciones para la creación de un Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante Sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en la que se presentó el “Zero Draft” para dicho Instrumento con una participación récord de representantes de la sociedad civil que viajaron hasta Ginebra, reuniendo 280 miembros acreditados y 25 expertos que hablaron como panelistas.

A lo largo de cinco días (15 al 19 de octubre) tuvieron lugar numerosos debates sobre puntos clave del proyecto de Instrumento Vinculante, siendo los principales temas candentes la conveniencia o no de incluir a todas las empresas (nacionales y transnacionales), la necesidad o no de especificar qué DDHH quedan protegidos por este Instrumento o la falta de referencia a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, los cuales han sido criticados por varios grupos de la sociedad civil y expertos por su carácter no vinculante, lo que deja la prevención y reparación de violaciones de DDHH en manos de la buena voluntad de las ETNs, precisamente lo que busca corregir este Instrumento.

La semana concluyo con las recomendaciones del Chair-Rapporteur Luis Gallegos, Embajador ecuatoriano ante la ONU, que incluían, la necesidad de invitar a las partes interesadas (en especial a las victimas) a presentar comentarios y propuestas sobre el borrador del Instrumento Vinculante, así como de presentar un nuevo borrador revisado del Instrumento Vinculante para finales de junio de 2019 a tiempo para la próxima ronda de negociaciones que tendrá lugar dentro de un año.

Me entristece decir que hasta el momento la posición oficial de la Unión Europea ha sido alarmantemente pasiva, cuando no de oposición, respecto al contenido de la resolución y al desarrollo de los trabajos hacia el Instrumento Vinculante. Todo ello a pesar de que el Parlamento Europeo ha aprobado varias resoluciones (la última hace apenas unas semanas) e iniciativas con directa mención del Instrumento Vinculante y solicitando a la UE y a los Estados miembros que participen de manera constructiva. El argumento más sólido de la UE es que el proyecto se refiere únicamente a las ETNs y no a las empresas nacionales, las cuales también violan los DDHH, incluso dentro de las fronteras de la Unión. Como decíamos, uno de los puntos más polémico durante todo el proceso negociador.

Con todo, hay motivos para el optimismo, pues durante esta cuarta ronda de negociaciones hemos visto un amago de cambio de actitud de la Representación de la UE en esta materia. A pesar de haber anunciado que la UE estaría presente en las negociaciones, pero no participaría de ellas, una línea seguida por sus Estados miembros con la excepción de Francia, el Representante Permanente de la UE ante la ONU en Ginebra, Jerome Bellion, criticó la ausencia de una mención específica sobre la protección de los defensores de DDHH, un punto que ha sido muy criticado por la sociedad civil. Se trata de un primer paso en la buena dirección de lo que sin duda será un largo camino, pues la UE debe ser un actor no solo participativo sino protagonista en este proceso. En un juego transnacional como es el de la globalización es necesario que participen de forma activa y lideren la marcha jugadores transnacionales. La UE lo es.

No puedo pronosticar cuándo ni en qué forma se alcanzará el ansiado Tratado Vinculante. Tengo solo la esperanza de que lograremos ese objetivo como tantas veces lo hicimos en esta partida infinita por la defensa de la dignidad humana. La razón la daba Sinek en la conferencia que citaba al comienzo de este artículo; “en un juego infinito no hay ganadores ni perdedores, solo jugadores que siguen jugando o dejan de jugar cuando se quedan sin recursos o sin motivación para seguir jugando”. Los que trabajamos por la defensa de los DDHH contamos con la motivación inagotable que nos da saber que estamos del lado de una causa justa y por ello seguiremos jugando. Seguiremos luchando.
 
Publicado para Diario Responsable. 31/10/2018

25 de octubre de 2018

Los riesgos de Bolsonaro.

Bolsonaro, a quien en su país se considera como la versión carioca de Donald Trump, no es, a pesar de presentarse como un 'outsider', ningún desconocido para la escena política brasileña. Diputado federal por Río de Janeiro durante 27 años, este excapitán del ejército, entusiasta de las armas y favorable a aplicar mano dura contra los delincuentes en un país donde solo en 2017 murieron 5.000 personas en enfrentamientos con la policía, lleva a sus espaldas una larga lista de declaraciones intolerables contra mujeres (“no mereces ni ser violada, eres demasiado fea”, le espetó a una diputada del PT), homosexuales (“no podría amar a un hijo gay, prefiero que muera”) y la población negra ( “mis hijos nunca tendrían novias negras. Han sido bien educados”). La lista de agravios contra estos colectivos daría para llenar varias páginas, y aun así no es la parte más preocupante de una posible victoria del candidato del PSL (Partido Social Liberal).

Mito, como le conocen sus seguidores, es un nostálgico de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y que dejó tras de sí miles de casos de torturas y la muerte o desaparición de 421 opositores políticos. Unas cifras que para Bolsonaro se quedan lejos de los 30.000 fusilamientos que habrían sido necesarios para limpiar el país de corruptos, comunistas y terroristas.

Por fortuna, en el contexto geopolítico brasileño e internacional, tal situación resulta inimaginable. Pero resulta alarmante el protagonismo político que están recuperando los militares tras más de 30 años de democracia. De hecho, una victoria de Bolsonaro llevaría a la vicepresidencia al exgeneral Hamilton Mourão, defensor de los torturadores de la dictadura y favorable a la posibilidad de un 'autogolpe' llevado a cabo conjuntamente por el presidente y las Fuerzas Armadas para poner orden si fuera necesario.

 ¿Qué está pasando para que esta degradación de nuestros valores sea tan abrupta y tan general? ¿Por qué no se rechazan estas actitudes fascistas que creíamos superadas y desmontadas? Trump en EEUU, Salvini y la Lega Norte en Italia, Le Pen en Francia, el UKIP y el Brexit en el Reino Unido y todos los brotes ultraderechistas en tantos países europeos son expresiones singulares —porque en cada país hay un contexto propio—, pero navegan sobre las mismas aguas convulsas de sentimientos hábilmente agitados por populismos oportunistas de ínfima calidad moral y de peligrosos efectos.

Es una mezcla de miedos y mentiras que enarbolan banderas de consecuencias tristemente conocidas y dolorosamente sufridas. Es el nacionalismo frente a la supranacionalidad; Es el 'America first' de Trump que genera guerras comerciales. Es el “no en Italia” de Salvini a los barcos de inmigrantes. Es el individualismo frente al interés general o las necesidades colectivas. Es el egoísmo frente a la solidaridad. Es el supremacismo de raza o de condición económica o simplemente de poder frente a quienes perturban esa superioridad social. Es la xenofobia, el desprecio al diferente. Es la intolerancia frente al otro.

Es mucho más. Devaluar la importancia de los derechos humanos como suelo universal de dignidad humana. Poner en riesgo el multilateralismo y sus grandes conquistas para gobernar la globalización. Debilitar las instituciones democráticas con abusos de poder que cuestionan las separaciones de poderes o destruyen las libertades y los derechos fundamentales.

 Todo eso está en juego en Brasil, pero no solo en Brasil. Con razón decía Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag de Alemania: “La mayor amenaza para la democracia es darla por hecha”. El nacionalismo antieuropeo no solo amenaza Europa. En su seno germinan el autoritarismo antiliberal y la tentación antidemocrática. Que se lo pregunten a los polacos o a los húngaros. Banon, el exasesor de Trump, instalado en Italia amenaza con organizar “una internacional de nacionalistas”, sin advertir el oxímoron de su proyecto.

Hace unos días tuve un debate, aquí en Bruselas, con más de 50 diputados de los parlamentos nacionales de la UE. El debate giraba en torno al futuro de la Unión y recuerdo bien mi polémica con un diputado checo que reivindicaba Nación frente a Unión y que en defensa de su tesis aseguraba que las guerras en Europa no vinieron de los nacionalismos sino de las ideologías. El peligro no son las naciones sino las ideologías, dijo. Recuerdo bien mi respuesta: “Las guerras, desgraciadamente, fueron entre naciones porque las ideologías nacionalistas las provocaron". "No todos los nacionalismos son fascistas”, le dije, “pero todos los fascismos tienen al nacionalismo como matriz y fundamento ideológico”.

En Brasil hay muchas más cosas que explican la dramática situación que viven estos días. Bajo los gobiernos progresistas de Lula, la sociedad conquistó derechos y libertades, la economía creció a velocidad récord y las expectativas eran altas. Pero tras el sueño vino la pesadilla. Recesión económica (un descenso del 10% en PIB per cápita entre 2014 y 2016), incremento de la criminalidad (en Brasil se encuentran siete de las 20 ciudades más violentas del mundo) y masivos casos de corrupción a lo largo y ancho del espectro político.

Hoy, Brasil está fracturado, un 40% de la población apoya a Lula y el 60% lo odian a él y al PT. El 46% de los votos que obtuvo Bolsonaro en la primera vuelta contiene tantos apoyos a sus propuestas como rechazos a la corrupción. Gane o pierda Bolsonaro, los derrotados serán, mucho me temo, los propios brasileños.

Publicado en El Confidencial, 29/10/2018
 

23 de octubre de 2018

Intervención Sesión Plenaria. 23/10/2018

Sobre la situación en Venezuela.


El Estatuto en Bruselas.

No puedo entender qué ganaríamos los vascos apareciendo en Europa como abanderados de la autodeterminación para independizarnos de España (porque eso es el derecho a decidir)

Empezaré confesando que me enteré de la presentación del PNV y EH Bildu de su proyecto de Estatuto en Bruselas al día siguiente de que ocurriera. Fue la prensa vasca la que me trajo la noticia. Aquí en el Parlamento Europeo hay cientos de reuniones cada día y, francamente, no creo que esa presentación interesara más que a unas decenas de personas. De manera que sobra cualquier análisis sobre el impacto político en las instituciones comunitarias de dicho anuncio-presentación. No tuvo ninguno.

Pero hay dos circunstancias que merecen comentario político de cara al debate abierto en torno a tan importante tema. La primera derivada de aquel pequeño acto es la voluntad de ir juntos a Bruselas. Es decir, la voluntad del PNV de comparecer junto a EH Bildu en Bruselas y ratificar, de esta forma, las bases políticas de su reciente acuerdo traspasando las fronteras para decir a propios y extraños que su pacto para el futuro de Euskadi es la autodeterminación para la independencia. Una vez más, tanto Joseba Egibar como su diputado general guipuzcoano, Markel Olano, marcan territorio y reiteran su apuesta independentista frente al Gobierno vasco, su lehendakari, Iñigo Urkullu, sus compañeros vizcaínos (en Álava no dicen nada) y la propia dirección jeltzale.

EH Bildu aprovechó muy bien este pacto y amarró al PNV en sus compromisos. «Se trata de una magnífica oportunidad de llevar al corazón de Europa el proceso de Euskal Herria», subrayó la parlamentaria Maddalen Iriarte. Arnaldo Otegi reitera, por su parte, que sin derecho a decidir no habrá pacto. Es más, con inteligente oportunismo EH Bildu quiere facilitar la aprobación del Presupuesto vasco del próximo año para hacer más difícil todavía la rectificación del PNV.

Un pacto presupuestario en esas condiciones, aunque solo sea retirando diputados para facilitar la mayoría de la coalición PNV-PSE, afecta la legislatura y compromete a ambos socios porque consolida una alianza política de signo contrario a la que sustenta el Gobierno. En ese contexto y con esa estrategia, los socialistas vascos deberán marcar sus posiciones y el PNV aclarar cuáles son sus verdaderos propósitos.

La segunda circunstancia a destacar son las compañías. Yo no creo que Euskadi deba estar en Europa en el mismo vagón que Nueva Caledonia, las islas Feroe y en un acto organizado por plataformas que nos relacionan con Cataluña. Naturalmente admito que otros piensen que ese es nuestro lugar, pero destaco las connotaciones reivindicativas y conflictivas de esas compañías. Estoy mucho más de acuerdo con el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y con el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que en unos términos casi similares reivindican estabilidad frente a conflictividad y convivencia frente a fractura.

No puedo comprender qué ganaríamos los vascos apareciendo en Europa como abanderados de la autodeterminación para independizarnos de España (porque eso es, y no otra cosa, el llamado Derecho a decidir) planteando una Europa con cuarenta o cincuenta naciones en una arquitectura institucional imposible. El nacionalismo vasco debe saber que su ideología y sus sentimientos están hoy monopolizados por movimientos antieuropeos, populistas y de ultraderecha que en nada pertenecen al PNV.

Hoy, el enemigo de Europa es el nacionalismo de Italia, de Hungría o el de Polonia, el de los «verdaderos finlandeses» o el de AFD, el partido de la ultraderecha en Alemania. Hoy el problema del futuro de Europa radica en los que quieren más nación y menos Europa, en aquellos que niegan la democracia europea porque dicen que la democracia solo es posible en la nación. Hoy todo el europeísmo militante, federalista o no, se opone a quienes gritan que Europa es «una comunidad imaginaria», como resaltó hace unos días el presidente de Polonia, Andrzej Duda. Hoy el PNV corre el riesgo de que le metan en la misma cesta si acentúa su perfil nacionalista en Europa.

No, no es ese nuestro sitio ni nuestro camino. Hay un espacio público en Europa para regiones con fuertes poderes autonómicos, competenciales y legislativos como los nuestros. Desde Flandes a Lombardía o Baviera, Euskadi tiene oportunidades de jugar su propio papel en la Europa del futuro.Nuestra imagen corporativa dejó de ser la violencia y hoy nos caracterizan y representan grandes compañías en energía, buenos bancos, muchos centros de investigación, los mejores fabricantes de automóviles o de ferrocarriles o de componentes aeronáuticos. Esa es nuestra reputación. Ese es nuestro sitio y ese debe ser nuestro camino en Europa.
Publicado en El Correo, 23/10/2018

17 de octubre de 2018

“El enfoque de género y el papel de las mujeres” en el Acuerdo de Paz de Colombia.

“Las mujeres tienen hoy un protagonismo especial en el proceso de paz de Colombia y en la reclamación de tierras”

El eurodiputado recuerda que “ellas fueron las principales víctimas de abusos, violaciones y asesinatos durante el conflicto”

 


El copresidente de Eurolat (Asamblea Euro-Latinoamericana) Ramón Jáuregui ha destacado “la especial dimensión de la perspectiva de las mujeres en el proceso de paz en Colombia”. Durante una conferencia organizada en el Parlamento Europeo sobre “El enfoque de género y el papel de las mujeres” en el Acuerdo de Paz de Colombia, Jáuregui ha señalado que “ellas fueron quienes más sufrieron un conflicto que generó millones de víctimas. Muchísimas veces padecieron abusos, violaciones y asesinatos. Hoy, las mujeres están ejerciendo un protagonismo especial en el proceso de paz, reivindicando la devolución de las tierras en nombre de las familias que fueron desplazadas”, ha señalado.

El eurodiputado socialista ha expresado también su preocupación por “cómo camina el acuerdo con las FARC después del cambio de Gobierno en Colombia, y con una derecha ultra que está presionando sobre el Gobierno de Iván Duque para que ponga en cuestión algunas partes de esos acuerdos”. Jáuregui ha reiterado que “en la Unión Europea somos totalmente contrarios a ese cuestionamiento y exigimos que el proceso de paz se respete y los acuerdos se cumplan, porque ese es el camino de la paz en Colombia”. Además, ha reclamado que continúen las conversaciones con el ELN “porque el diálogo con este último grupo constituye el último paso de un proceso muy difícil, pero exitoso desde hace más de cinco años”.
 

16 de octubre de 2018

Los socialistas europeos advierten de la amenaza que supondría la victoria de Bolsonaro para la democracia.


Nota de Prensa, 16/10/2018

Elena Valenciano y Ramón Jáuregui promueven un manifiesto en el que condenan el uso de la violencia y el discurso del odio durante la campaña electoral.

Los últimos sondeos confirman al ultraderechista Jair Bolsonaro como favorito a las elecciones de Brasil, que tendrán lugar el próximo 28 de octubre. La amenaza de una posible victoria del líder conservador ha hecho saltar todas las alarmas. Por eso, Elena Valenciano y Ramón Jauregui, junto al Presidente del Grupo de los Socialdemócratas en la Eurocámara, Udo Bullmann, han promovido un manifiesto al que muchos eurodiputados han pedido unirse, en el que animan a los ciudadanos y ciudadanas que el próximo 28 de octubre no se queden en casa, sino que vayan a las urnas y voten en contra del líder del Partido Social Liberal (PSL).

“La supervivencia de la democracia brasileña está en manos de los brasileños y las brasileñas. Sólo ellos pueden salvaguardar la democracia de las tentaciones del populismo y del autoritarismo”. Los socialistas señalan que el único modo de hacerlo es “decir claramente NO a Bolsonaro”.

El grupo socialdemócrata recuerda que el pueblo brasileño debe tomar “una decisión importante, casi vital, ya que están obligados a elegir entre la democracia y la autocracia, el pluralismo y la arbitrariedad, entre la libertad y la opresión”.

Asimismo, en el texto, los socialistas se han pronunciado en contra de la retórica política que ha incitado Bolsonaro durante la campaña electoral, “porque niega los ideales constitucionales de universalidad, igualdad y solidaridad, así como los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Brasileña”.

Del mismo modo, condenan “el uso de la violencia y el discurso del odio durante la campaña electoral” y consideran que “la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente constituyen derechos humanos básicos que han de ser protegidos”. En ese sentido, exigen el fin inmediato de cualquier tipo de violencia.

Lee el manifiesto íntegro aquí.
 

3 de octubre de 2018

Intervenciones Sesión Plenaria. 3/10/2018

Debate con el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, sobre el futuro de Europa.





 

Riesgos del blanqueo de capitales en el sector bancario de la Unión Europea.




21 de septiembre de 2018

Encuentro ciudadano en el CEU. 21/09/2018

El Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo ha organizado la Consulta Ciudadana ‘Una mejor Europa. Propuestas concretas para el futuro de la Unión’. Un debate en el que han participado el portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons; el eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Ramón Jáuregui; y el portavoz de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados y miembro de la Ejecutiva de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Fernando Maura.
 




Entrevista 24h- RNE 21/09/2018

10 de septiembre de 2018

"De Franco, el Valle y los cementerios."

 «El valle no se toca». Esa fue la pintada con la que me encontré en las paredes de mi casa cuando se publicó el Informe sobre la 'Resignificación del Valle de los Caídos' que había encargado a una Comisión de expertos siendo Ministro de la Presidencia de Rodríguez Zapatero. Algunos franquistas hicieron con esa frase una campaña más nostálgica que reivindicativa.

Otros querían demoler la Cruz, la Basílica y el Valle. Incluso oí hace unos días al portavoz del PNV, Aitor Esteban, expresarse en esa idea. Olvidando, entre otras muchas consideraciones, que allí se encuentran los restos de 33.000 españoles, aproximadamente 11.000 de ellos procedentes del Ejército de Franco muertos en la guerra (para quienes en su origen se construyó el Valle) y 22.000 republicanos fusilados por el régimen franquista después de la guerra, la mayoría de ellos en las paredes de los cementerios de pueblos y ciudades de toda España, cuyos restos fueron trasladados al Valle a partir 1959.

Resignificar el Valle era una operación ambiciosa, aunque quizás utópica. Se trataba de transformar ese lugar en una especie de Memorial de esa parte de nuestra historia incluyendo un museo explicativo de cómo y porqué se construyó el Valle, de quienes murieron en esa obra, de quienes están enterrados en la Basílica, etc. y reconvertir la hostería que gestiona la Comunidad benedictina, en un centro para investigadores e historiadores relacionado con la Paz.

La Plaza debería incluir un Monumento escultórico que recogiera los nombres de todos los allí enterrados (semejante, por ejemplo, al memorial de Washington por los americanos muertos en Vietnam) y el lugar se convertiría así en un espacio de memoria reconciliada y de homenaje común y por igual a todos los allí enterrados. Resignificar el Valle era, en definitiva, convertir el mayor símbolo franquista de la guerra en un memorial de Paz y homenaje a todos los que sufrieron la violencia de la contienda y la represión cruel del franquismo.

Naturalmente, eso exigía sacar a Franco de la Basílica. Su exhumación era condición necesaria de la transformación del Valle. De la misma manera que es necesario dignificar las criptas-osarios en las que se encuentran amontonados y mezclados los restos humanos, identificando en sus puertas los nombres de los allí enterrados. Información que afortunadamente poseemos.

Hasta aquí el proyecto de 2011. Cuando hice el traspaso de poderes del Ministerio a la nueva ministra y vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, le trasladé el informe y le pedí que continuaran con la gestión de la Ley de Memoria Histórica, a la que pertenecía este proyecto. Es cierto que la crisis económica de esos años no era el mejor contexto, pero lo cierto es que este informe durmió el sueño de los justos (nunca mejor dicho) en los cajones del gobierno del PP durante los seis años largos transcurridos hasta hoy.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha priorizado la exhumación de Franco y es curioso cómo cambian los contextos y la opinión publicada. Hoy se acepta como natural y necesario lo que entonces se consideraba absurdo y «guerra-civilista». Afortunadamente parece haber consenso para hacer lo que este país debió hacer hace ya mucho tiempo.

Durante aquellos años, junto a Carlos García de Andoin, el mejor experto en este tema, hicimos gestiones diversas ante la Iglesia, la Comunidad benedictina y la familia Franco, para proceder a la exhumación de común acuerdo entre todos. No lo logramos entonces y ahora el Gobierno ha adoptado un procedimiento urgente para dotarse de apoyo legal en sus actuaciones.

Si la familia de Franco no quiere recibir los restos del dictador, el Gobierno realizará la exhumación y trasladará el féretro, probablemente, a la tumba de su familia en el cementerio de El Pardo, donde está enterrada su esposa Carmen Polo. Si se mantiene el Culto de la Basílica, el cementerio son las Criptas y en la explanada del Valle puede y debe hacerse un proyecto arquitectónico de Memorial a los allí enterrados.

Puede prescindirse del resto de actuaciones porque quizás el Valle nunca será un lugar de todos. En eso quizás fuimos utópicos al pretender que a allí acudieran todos –unos y otros– en señal de la sociedad reconciliada que ya somos. Pero por ahora, esa actuación puede ser suficiente para honrar nuestra memoria y para dar justicia y dar honor a quienes allí quedaron.
 
Publicado en El Diario Vasco, 10/09/2018

7 de septiembre de 2018

Presentación Libro: "Memoria de Euskadi" en Castilla - La Mancha.

Esta tarde, se ha presentado mi libro "Memoria de Euskadi: El relato de la paz" en la Biblioteca de Castilla la Mancha, (Toledo).

La presentación ha sido realizada por Emiliano García-Page, Presidente de Castilla-La Mancha.




 
 

6 de septiembre de 2018

1 de septiembre de 2018

No es solo xenofobia.


“Es mi héroe”, dijo Orbán, el Primer Ministro húngaro, sobre Matteo Salvini cuando le visitó en Milán el pasado 28 de agosto. No es sólo una alianza antiinmigración. Es mucho más peligroso todavía. Están construyendo una plataforma política antieuropea de cara a las próximas elecciones europeas de mayo de 2019. Su objetivo: “Dar un giro a Europa, excluir a la izquierda y a los socialistas, llevar al centro las identidades, defender las fronteras con mano dura”. Expresiones como estas, en boca de las nuevas derechas europeas confirman un proyecto europeo alternativo a las bases sobre las que hemos construido la UE desde el tratado de Roma, hace ya sesenta años.

Es un proyecto que reivindica la Nación frente a la Unión. Los Estados frente a la Confederación. Enarbola las fronteras como símbolo de una soberanía que creíamos compartida y en gran parte superada por una organización confederal. Es un paso atrás gravísimo para los derechos ciudadanos, el Mercado Interior y para la cultura europea, porque destruye Schengen y nos traslada, en el túnel del tiempo, a los controles fronterizos en el seno de la Unión.

Bajo la ampulosa denominación de las Naciones Libres de Europa, se esconde la creación de un potente grupo parlamentario integrado por grupos de extrema derecha europea en diferentes países que pretenden, en forma y fondo, cambiar de raíz el proyecto europeo para convertirlo en una alianza económica y comercial, destruyendo los valores ciudadanos y constitucionales de la Unión Política creada en las últimas décadas. Se trata de una respuesta populista y extrema del debate que artificialmente se alimenta entre Nación y Europa, entre nuestras realidades nacionales y la construcción supranacional, como si ambas resultaran incompatibles. Es un debate que atraviesa aspectos técnicos (subsidiariedad, proporcionalidad, reparto competencial, etc.) pero, en los últimos años, no solo. Un nuevo nacionalismo, muchas veces abiertamente antieuropeo, reivindica el Estado-Nación como único espacio de democracia y niega así la grandeza del proyecto europeo y la democracia europea misma. Nos priva de la ciudadanía europea que, junto a la Unión Monetaria, constituyen los grandes avances de la construcción europea de finales del siglo pasado.
Detrás de esta idea están partidos que hoy pertenecen al PP europeo como es el caso de Fidesz, el partido de Orbán en Hungría y otros asociados a gobiernos del PP en otros países, como el FPÖ en Austria que gobierna junto al Partido Popular Austriaco (ÖVP).

No, no se trata de una reunión más de fascistas europeos. La planificación de una gran alianza populista y antieuropea está en marcha. Recibe inspiraciones ideológicas de quienes ayudaron a ganar a Trump (Bannon) y ayuda económica de muy distintas y sorprendentes fuentes (es decir, de todas aquellas potencias interesadas en una Europa rota y débil, desde Rusia a los EEUU de Trump). Se presencia es ya muy fuerte en diez países europeos: Italia (17,4%), Alemania (13,1%), Hungría (mayoría absoluta desde 2010), Polonia (mayoría absoluta desde 2015), Francia (34% en la 2ª vuelta presidencial), Países Bajos (13,5%), Austria (26%), Dinamarca (21,1%), Reino Unido (15,6% en las elecciones europeas) y Suecia (12,9%).
Lo peor no son las cifras de apoyo electoral que muestran, sino sus ideas y algunas de ellas prenden como las llamas en la paja. El individuo por encima de lo colectivo, menos estado, menos impuestos, menos gasto público, menos solidaridad, nacionalistas extremos, xenófobos contra el diferente y la inmigración, contrarios al libre comercio y por eso proteccionistas de nuevo cuño, antieuropeos, con valores morales reaccionarios, ajenos a los problemas del mundo, insensibles a las tragedias de otros, desprecian las libertades y las conquistas sociales, cuestionan los Derechos Humanos y el multilateralismo ....

Europa se enfrenta a un peligro real, a la atracción que suponen las soluciones simples de problemas complejos, a la tentación tan humana de moverse en el terreno de las pasiones viscerales que tanto daño hicieron en la historia. Especialmente nosotros los europeos que hemos sufrido guerras y destrucciones terribles por esos sentimientos incendiados, que se crean en torno a las religiones, a las razas, a las naciones, hábilmente manipulados por poderes y convicciones malvadas.
Creíamos que la victoria de Macron sobre Le Pen en Francia sería el final de la pesadilla, pero más bien parece el principio de una larga marcha. Una batalla de ideas, de principios, de política, de valores, de moral publica ... que debemos ganar sí o sí.

Publicado en El Confidencial, 1-9-2018

29 de julio de 2018

Difícil, pero no imposible.

Los partidos del Parlamento vasco deben rectificar las bases del nuevo Estatuto acordadas por PNV y EH-Bildu, y construir otras sobre las que quepa de verdad un consenso de mínimos.

A la vista del acuerdo PNV-EH Bildu sobre la reforma del Estatuto, han quedado claras algunas cosas. Primera: que en el PNV se ha impuesto su proyecto más nacionalista, el que parte de una concepción soberanista de Euskadi, articula su relación con España en términos de bilateralidad confederal y configura un derecho a la autodeterminación para la independencia cuando convenga. En la nebulosa se dibuja el sueño sabiniano del ‘zazpiak bat’, cuando el futuro lo haga posible. Segunda: que su aliado para ese proyecto y ese tránsito es EH Bildu, la izquierda abertzale a quien redime de su pasado y la incorpora así a un nuevo marco jurídico-político vasco. Tercera: que esa nueva mayoría deprecia a la minoría no nacionalista y destruye el consenso del Estatuto de Gernika sobre el que hemos construido nuestro pacto de pluralidad estos últimos cuarenta años, sin discusión posible, los más fructíferos y prósperos en términos de autogobierno y de progreso económico de toda nuestra historia. Y cuarto: que ese proyecto de nuevo Estatuto, cualquiera que sea la redacción de los expertos convocados a desarrollar las bases políticas acordadas, no será aprobado por las Cortes y se generará un conflicto político sin solución, en el que muy probablemente ocurrirán cosas parecidas a las que están sucediendo en el conflicto catalán.

Tanto el Gobierno vasco como el líder del PNV están mandando señales de moderación y pacto, pero son solo eso, señales, que se contradicen con la contundencia de la opción tomada por Egibar y los suyos. Señales, a veces equivocadas, como esa apelación de Ortúzar a Sánchez recordándole su apoyo a la moción de censura y pidiéndole «correspondencia», como si en materia de principios y modelos políticos pudiera haber un mercadeo como el sugerido por el burukide.

No está fácil el consenso sobre estas bases. Es más, me temo, y conste que me duele decirlo, que es imposible. El nuevo estatus no es autonómico, es independentista. Es una mutación radical de las bases constitucionales de un Estado, que ni siguiera una reforma de la Carta Magna podrá nunca incorporar. Dos soberanías originales e iguales, una bilateralidad sin jerarquía normativa, un referéndum previo al envío del texto a las Cortes con el único objetivo de hacer imposible la negociación sobre un texto «ya aprobado por los vascos», un reconocimiento del derecho a la independencia «a la carta», para ser ejercido cuándo y cómo convenga… Sin entrar en otras materias sobre la ciudadanía y la identidad nacional de los vascos, ruptura de la Seguridad Social, competencias, etc.

Por eso me pregunto qué podemos hacer para encontrarnos y para que este tema no nos lleve de nuevo a los infiernos del viejo conflicto. Me pregunto cómo buscará el PNV atraernos al consenso a quienes siempre estuvimos en él y a quienes hemos acreditado hasta el extremo nuestra voluntad de hacer Euskadi juntos.

Siempre pensé que esta reforma estatutaria era una oportunidad extraordinaria de superar la brecha que el terrorismo generó entre nosotros con un preámbulo sincero, de mutuo reconocimiento sobre nuestra reciente historia, que permitiera a la izquierda abertzale cerrar su círculo, una vez terminada la etapa violenta. Pero siempre creí también que ese relato exigía ratificar nuestra apuesta de convivencia plural en un autogobierno moderno y actualizado en España frente a una globalización que exige compartir espacios pactados de soberanía (federalismo) y participar en una gobernanza de la globalización, desde una Europa fuerte para construir así un mundo mejor. Nunca pensé que facilitar a la izquierda abertzale ese tránsito tuviera que hacerse produciendo tan grave fractura de la sociedad vasca, imponiendo identidad a la ciudadanía y asumiendo un proyecto tan arcaico, y una mirada tan reaccionaria sobre nuestro pasado que toma la tradición y la historia manipuladas como base de construcción del futuro de Euskadi y de un país que debe ser de todos.

Oímos con frecuencia voces de víctimas de ETA (y no sólo) diciendo que la presencia de la izquierda abertzale en la política es el triunfo de la violencia. ETA fue derrotada y ponerlo en duda es un error. Hacen política porque la democracia admite la pluralidad con la palabra y sin pistolas. «O votos o bombas», decíamos, y así ha sido y así es. Pero me pregunto si podríamos seguir sosteniendo ese relato si el nuevo Estatuto cristaliza el proyecto político de quienes mataron por la autodeterminación. En realidad es una pregunta que traslado al PNV.

En definitiva no se trata de encargar a los expertos el milagro de convertir el agua en vino, como en el Evangelio. Las bases aprobadas no pueden alterarse de tal manera salvo que violenten los principios en los que se han encontrado PNV y EH-Bildu. Tampoco se trata de pedir al PSE y a Podemos (sin despreciar al PP, que son tan ciudadanos vascos como el que más) que ‘se muevan’, sino de rectificar esas bases y construir otras sobre las que quepa de verdad un consenso de mínimos para todos que no nos violente a ninguno. Todavía es posible. Difícil, pero no imposible.

Publicado en El Correo, 29/07/2018