El desenlace de la comparecencia del presidente Rajoy en el Pleno del primero de agosto deja la política española sometida a un bloqueo que parece irresoluble a medio plazo. El PSOE ha formalizado la exigencia de dimisión del presidente y éste ha dicho que no lo hará. Las relaciones entre el Gobierno y oposición se han roto. Las posibilidades de grandes acuerdos para sacar al país de la crisis han desparecido. Lo peor, es que todo esto ocurre en uno de los peores momentos de España, si no el peor desde 1978.
Nuestra crisis económica y de empleo tiene retos pendientes que exigirán esfuerzos colectivos de alta intensidad y durante bastantes años. El problema de Cataluña y su proyecto independentista requerirán política de altísimo nivel y la renovación de viejos y delicados consensos. La crisis democrática española y la desafección ciudadana con la política y los partidos, reclamarán impulsos de regeneración que abarcarán a casi todas las instituciones y que deberían contar con los máximos apoyos en el arco parlamentario. Y la pregunta que surge de inmediato, es cómo y quién hace todo esto, en este escenario diabólico que se ha creado con el escándalo Gürtel/ Bárcenas. ¿Puede seguir España bajo estos parámetros, todo el resto de la legislatura? ¿Puede gobernar Rajoy todos estos retos en su situación?
Rajoy no dimitirá si la investigación judicial no depara novedades. Puede resistir amarrado a una versión que culpa a una sólo persona, – su tesorero– de todos los múltiples delitos que se investigan. Como si fuese creíble que durante más de veinte años la financiación irregular de un partido, la evasión del dinero a paraísos fiscales y a cuentas opacas, los pagos masivos y continuos de sobresueldos, etc., pudieran haber sido solo cosa de, un tesorero infiel. Quizás resista, amparado en los tiempos judiciales, en la prescripción penal o en pactos secretos con los imputados que le salven de mayores implicaciones judiciales. Pero su deslegitimación personal, su debilidad política y las dudas internas de su partido, le perseguirán quiera o no hasta el final de la legislatura.
Su mayoría absoluta, hace ya tiempo que no es mayoría social y el temor a una derrota electoral futura atenuará sus afanes reformistas. Será pues un final de legislatura devaluado, sin pulso, sin acuerdos, bajo un clima político tenso y sometido a las pulsiones informativas de tribunales y portadas periodísticas. Desgraciadamente, no es lo que España necesita. De la gravísima crisis económica y social y el paro masivo, no nos sacarán unos pocos indicios de recuperación veraniega. El conflicto catalán se agravará después de la próxima Diada y el descredito institucional, la desafección política y la desvertebración social españolas, se acentuarán en ese clima.
¿Qué responsabilidad tenemos quienes ejercemos la oposición en este estado cosas y en este escenario pesimista? Mucho me temo que nuestros deseos de otro clima político, incluso de pactos políticos en los grandes temas (regeneración democrática, política autonómica, reforma constitucional, Europa, pacto de rentas, etc.) no puedan hacerse realidad.
Para que se recuperen esas posibilidades el PP y el presidente del Gobierno deben ofrecer al país otra respuesta y asumir las responsabilidades. Decir la verdad, ofrecer una versión creíble y congruente con lo que ya está verificado en la investigación judicial, establecer responsabilidades personales y políticas, desbloquear el Parlamento a las iniciativas de la oposición y aceptar una investigación política en sede parlamentaria y cambiar las leyes necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Mientras no se abra este camino, la política española estará bloqueada, atravesada por este conflicto principal, colapsada por un tumor cuya terapia es una intervención quirúrgica que el partido del Gobierno se niega a aceptar hoy. ¿Deberíamos actuar de otra manera? ¿Suavizar quizás, nuestras críticas y evitar el drama de la dimisión o de la ruptura de acuerdos con el presidente y su Gobierno? Honradamente, no podíamos ni podemos hacerlo. Incumpliríamos gravemente nuestra responsabilidad política como expresión de la oposición parlamentaria y como representantes de una ciudadanía indignada. Seriamos identificados injustamente con el PP y los graves delitos que se investigan como si tuviéramos parecidas responsabilidades en nuestra actuación partidaria. Haríamos un grave daño a las instituciones democráticas – especialmente al Parlamento– deteriorando, aún más, el descredito que ya sufren.
No es un argumento, lo reconozco, pero no dejo de pensar en lo que estaría haciendo el PP si el escandalo se hubiera producido en nuestras filas. Recordando las campañas del PP contra Felipe González y Rodriguez Zapatero, la tecnología de la comunicación empleada, los apoyos mediáticos recibidos y la falta de escrúpulos utilizados aquellos años, me reafirmo en que estamos haciendo lo mínimo que debemos hacer. Mirar para otro lado, atenuar la importancia y la gravedad de los hechos, o simplemente obviar las responsabilidades políticas de estos hechos fuera de la esfera del presidente del Gobierno y presidente del PP hubiera sido un enjuague injustificable e imperdonable. ¿Qué queda entonces? Queda un país con un sistema político bloqueado, un Gobierno desautorizado y deslegitimado, sin fuerza, amenazado, débil, temeroso ante una segunda parte de Legislatura que cada vez se va a parecer más a esos partidos en los que no se juega nada. Tiempo de descuento, se dice en el argot deportivo y también político. Es demasiado tiempo para nada. Es demasiado grave para como estamos.