A
Cataluña, con respeto y con afecto.
Me sumo a las terceras vías Me sumo a los que piensan que
las dos estrategias que tenemos sobre la mesa, conducen al desastre: la
consulta a la independencia y el rechazo al enconamiento y a la
retroalimentación victimista de los extremos del péndulo antiespañol y anti
catalán. Un horror. Pero digo, con intención, terceras vías, porque en ese
espacio un poco ambiguo y poco conocido, se esconden fórmulas o estrategias
diferentes, que conviene clarificar.
Vayamos por partes. ¿Por qué no es
posible una consulta auto determinista en España? La respuesta tiene una lógica
jurídica aplastante: Porque no la
reconoce nuestra Constitución; porque la soberanía es de la ciudadanía
española, y esa decisión nos corresponde a todos, porque luego habría que
extenderla a otros territorios y, porque ningún país serio introduce en su
ordenamiento jurídico una disposición tan profundamente desestabilizadora, que
le condene a su demolición. ¿Hace falta más? No,no es posible un proceso de esa
naturaleza en la España europea de hoy. ¿Son posibles otro tipo de consultas?
Sí, claramente, sí. El Parlamento español puede aprobar otro tipo de consultas,
pero todos sabemos que, a estas alturas del camino, no se trata de trasladar al
pueblo de Cataluña una o varias preguntas disimuladas o sugerentes de
negociaciones futuras. Seamos serios, eso no lo aceptarían, ni lo demandarán
así, las fuerzas políticas catalanas que apoyan el famoso Derecho a Decidir.
Partimos pues, de esta doble
hipótesis. Primera: La consulta del Derecho a Decidir se plantea única y
exclusivamente en términos de obtener un Sí o un No a la independencia de
Cataluña, con intención, naturalmente, de que venza el Sí porque, incluso los
que reivindican el Derecho a decidir sin ser independentistas tendrán que
apoyarla, para no sumarse al No que defenderán las llamadas fuerzas
españolistas. Segunda: Es más que probable que ni el Gobierno ni el Parlamento
del Estado acepten, aprueben y permitan la celebración de esa consulta.
Conclusión: No hay espacios intermedios ni terceras vías ni en el debate, ni en las estrategias sobre
el Derecho a Decidir.
¿Cuál es para mí la tercera vía? Es
aquella que parte de reconocer que en Cataluña hay un conjunto de
reivindicaciones ampliamente sentidas sobre su status económico, autonómico,
cultural y político, que debemos atender en una negociación seria y profunda de
su marco jurídico y político de relación con el Estado. Coincide que eso se
suma a diferentes problemas de funcionamiento de nuestro modelo territorial
autonómico que reclaman una solución urgente e integral de nuestro Título VIII:
la conversión del Senado en una cámara federal, la clarificación federal de las
competencias, la institucionalización de los hechos singulares (lengua,
financiación, etc.), la participación federal en los asuntos europeos, etc.
etc.
¿Cuál es en concreto nuestra
propuesta? Abordemos de inmediato una negociación de todos estos problemas.
Hagámoslo en una ponencia para la reforma de nuestra Constitución que aborde
otros ajustes de tiempo y de contexto (Europa, la crisis, Internet, la regeneración
democrática, etc.), en un texto que ha servido magníficamente en este período
de nuestra democracia pero, que necesita una modernización, importante, y una
renovación de su legitimación social sustentada en un hecho incontrovertible:
los menores de 53 años no pudieron votarla. También para mejorar nuestro modelo
territorial avanzando en claves federales, para mejorar el autogobierno y el
funcionamiento del Estado.
Una reforma de nuestra Constitución
nos ofrece una oportunidad única para abordar, de verdad, los problemas reales
de Cataluña porque, a diferencia de la frustrada experiencia con la reforma del
Estatut, estamos hablando de recoger en nuestra Carta Magna, la forma de ser y
estar Cataluña en el Estado. De manera que, aquél Estatut que refrendó el
pueblo de Cataluña en 2006, no podría ser declarado inconstitucional. Estamos
hablando de una Nueva Constitución que debería ser pactada con las fuerzas
mayoritarias de Cataluña, porque su refrendo posterior lo hace imprescindible.
Estamos hablando de darnos una nueva oportunidad de seguir viviendo juntos en
la solución previa de los contenciosos que ahora tenemos.
El final de esta Legislatura es un
tiempo propicio para este proyecto, tan ambicioso como necesario. Quedan dos
años hasta las próximas elecciones generales y la disolución de las Cámaras
bien podría coincidir con la aprobación del nuevo texto constitucional.
El Derecho a Decidir cobra así y aquí,
pleno fundamento. Los catalanes votarían a sus representantes en las Cortes.
Votarían después la nueva Constitución en un Referéndum, junto a todos los
españoles y decidirían, después, ellos solos, el marco jurídico-político
estatutario, su propia Constitución, resultado de este marco singular negociado
paralelamente.
¿Cuáles son las diferencias de estos
Derechos de Decisión que se ofrecen en esta propuesta? Primero: que lo que
votan los catalanes no es una opción extrema del problema (Independencia
Cataluña-Sumisión a España), sino una formulación integral, medida, razonada
que excluye los perfiles radicales del problema y responde a la centralidad
identitaria de Cataluña. Segundo: Que ofrece al elector catalán los resultados
de una negociación que la consulta autodeterminista omite. Por eso también nos
oponemos a ella quienes creemos que la democracia exige dar al ciudadano una
información veraz y objetiva de las consecuencias de sus decisiones. Una
consulta aquí y ahora oculta los impredecibles efectos de una negociación con
España y con Europa, de consecuencias incalculables para los ciudadanos de
Cataluña. Tercero: Un proceso de decisión refrendataria Como el que propongo se
asienta en la ley y en la estabilidad porque, ¿quién garantiza que en los meses
siguientes de la consulta autodeterminista, una parte del electorado
independentista, o del que se ha abstenido, no milite abiertamente en la tesis
del pacto con España?
El llamado Derecho a Decidir, si
Cataluña se va o se queda, esconde una grave distorsión democrática porque no
permite decidir -de verdad- las enormes consecuencias de una decisión
apriorística. Por eso, el Derecho a Decidir debe ser refrendatario de lo que la
política, los partidos y las instituciones, negocien y acuerden. De lo
contrario no es solo ilegal, es desestabilizador porque no acaba nunca, rompe
la comunidad en extremos identitarios y oculta al ciudadano la complejidad de
las opciones en juego y de sus consecuencias.
¿Quiere todo esto decir que un
proyecto independentista no puede materializarse nunca? ¿Estamos negando, con
este razonamiento, viabilidad jurídica a una aspiración democrática? Planteo en
abierto estas preguntas porque quiero ser honrado con mis argumentos y porque
me constan esas inquietantes preguntas en el interlocutor nacionalista de este
debate. Mi respuesta -personalísima- es que, en todo caso, un proyecto
independentista no puede materializarse de manera tan traumática, coyuntural y
tramposa. De un día para otro, en plena crisis económica, que ha puesto el
descontento de los recortes al servicio de una campaña sectaria, maniquea y
antiespañola, sin explicar objetivamente las consecuencias de una ruptura tan
grave, en un clima de exaltación sentimental, hábilmente manipulado en contra
de nuestra historia común. No, así, no. Pero, siempre he creído, mayorías muy
sólidas, ampliamente mayoritarias, socialmente muy vertebradas, instaladas en
todo el territorio, reiteradas de manera sucesiva, pacíficamente expresadas y
adecuadamente negociadas, deben tener siempre, acomodo y respaldo en el
ordenamiento jurídico-político de un país. Eso es decidir. Eso es democracia y
ley.
Publicado en La Vanguardia, 30/09/2013