No es una cuestión menor. Algunos considerarán que se trata solo de un conflicto jurídico-institucional entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado. Una cuestión competencial más, entre las muchas que genera nuestro complejo modelo autonómico. Y en origen, así es, pero es también algo más. Me refiero a la decisión del Gobierno vasco de requerir al Gobierno de España para que derogue y por tanto anule el protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias creada por el Real Decreto 399/2007 de 23 de marzo, con el fin de asegurar la atención a las grandes catástrofes previamente declaradas 'de interés nacional', anunciando al mismo tiempo su intención de recurrirlo al Tribunal Constitucional. Como se sabe, el real decreto citado incluye entre las misiones de las Fuerzas Armadas el deber de «preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas», pero también lo hace «conforme a lo establecido en la legislación vigente» y «junto con ( ) las demás administraciones públicas», entre las que, lógicamente, tienen un papel preferente las comunidades autónomas. En esta dirección, el propio protocolo contempla las medidas de cooperación entre administraciones públicas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de las mismas ante estas eventualidades.
Todo el mundo sabe que esta decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero es consecuencia de la insuficiencia o la ineficacia y la descoordinación observadas en la atención de catástrofes naturales y graves siniestros por los servicios de protección civil de las comunidades autónomas. Muchas veces estos servicios son insuficientes o incapaces de atender las dimensiones del problema y otras resulta imposible obtener la cooperación de los servicios de las comunidades vecinas ante el temor de situaciones semejantes (incendios del verano, por ejemplo). Era y es un clamor que cuando las dimensiones de la catástrofe supera los limites de una comunidad y alcanza a dos o a tres (una nevada que corta la comunicación entre ciudades, por ejemplo), las autoridades respectivas acaban responsabilizando al vecino de las descoordinaciones que se originan en su atención. Vienen a mi memoria los incendios de Guadalajara del año pasado, los incendios recientes de Andalucía, Canarias o Galicia o la nevada en la carretera de Madrid a Valencia, de hace unos años, por citar sólo algunos casos en los que estos problemas se han producido.
Jurídicamente puede ser que el razonamiento del Gobierno vasco sea correcto. Pero políticamente me parece ridículo y peligroso. En el reparto competencial establecido en nuestra Constitución y en los estatutos de autonomía, se contempla, efectivamente, que la protección civil es un competencia exclusiva de la comunidad autónoma (naturalmente cuando la catástrofe se circunscribe al territorio de la comunidad). Pero se me ocurren tres argumentos políticos con los que reclamar un poco de cordura en este asunto.
La intervención de la UME, que así se llama la Unidad Militar de Emergencia creada en el Ejército español, sólo se producirá en casos muy especiales y graves, en los que razones de interés nacional aconsejen al Gobierno de España tomar esa decisión. Estamos pues hablando de supuestos de rarísima aplicación, de manera que la competencia general de la protección civil de la comunidad autónoma no queda alterada o vulnerada en la generalidad de los supuestos producidos. Además, según ha declarado públicamente el jefe de la UME a los medios de comunicación, en el 99% de los casos la unidad sólo actuará a petición de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, estamos, no haría falta decirlo, en un mundo con riesgos crecientes: terrorismo sin fronteras físicas ni morales para producir grandes daños a poblaciones masivas; instalaciones nucleares o químicas o biológicas peligrosísimas; cambios climáticos con efectos todavía desconocidos, etcétera. Todos los gobiernos del mundo están fortaleciendo los servicios de protección civil ante catástrofes masivas (como fueron las inundaciones de Nueva Orleans o las de Inglaterra este mismo año). ¿Debía crear el Gobierno de España una fuerza preparada técnicamente para estos eventos? Evidentemente, sí ¿Debía regular el Gobierno su protocolo de actuación? Naturalmente.
Se alega un rígido esquema de reparto competencial pero se omite una visión dinámica de las normas y de los sistemas territoriales compuestos, imprescindibles para una aplicación lógica y razonable de nuestro modelo autonómico. Cuando se reclaman mayores cotas autonómicas o aplicaciones descentralizadoras de las políticas públicas estatales, delegaciones competenciales del Estado a través del 150.2 de la Constitución, etcétera, se debe ser consecuente con la doble dirección en que deben inscribirse esas reformas. Dicho de otro modo, un estado federal, como lo es el Estado autonómico español, debe ser flexible y admitir correcciones y reformas en las competencias y en el ejercicio de las políticas públicas tanto hacia las comunidades autónomas como hacia el Gobierno central. A ese espíritu responden las reformas introducidas recientemente en el modelo federal Alemán y son frecuentes en el funcionamiento de la organización territorial de EE UU (la centralización de la lucha contra la droga adoptada en Norteamérica hace ya bastantes años es un buen ejemplo). Cuando iniciamos la negociación del Estatuto de Cataluña en las Cortes, en la primavera de 2006, hice un discurso en este sentido, a propósito de la protección civil precisamente, ante la delegación catalana del Parlament. Recuerdo las caras de sorpresa de mis interlocutores y las vagas excusas esgrimidas para abordar una reforma en tal sentido. Pues bien, este real decreto se inscribe en esta inteligente y respetuosa flexibilidad competencial que necesita nuestro modelo territorial en un tema tan importante como éste.
Por último, un argumento de inexcusable realismo. Me refiero a hechos tan reales como que ya los hemos vivido. En agosto de 1983 el Nervión se desbordó e inundó gran parte de su cuenca y el Gran Bilbao. Murieron cerca de cincuenta personas y los daños materiales fueron incalculables. Todos los recordamos. Pero ¿recuerdan qué servicios públicos intervinieron? Todos, naturalmente, incluidos policías, guardias civiles y el ejército, que salvaron vidas y haciendas, entregando las suyas.
Quiero equivocarme, pero intuyo un gesto político contra el Gobierno de España y el Ejército español en este recurso y me parece, lo repito, ridículo y peligroso, además de injusto. Pongamos que ese recurso prospera. Pongamos que la unidad militar creada para grandes catástrofes no puede intervenir en Euskadi. ¿A quien pedimos ayuda si nos desbordan los daños? ¿Porqué una fuerza de cuatro mil hombres, dotada técnicamente y preparada para afrontar estos problemas y otros que quizás no conocemos ni intuimos, no va a estar a nuestra disposición? El Teniente General Fulgencio Coll, jefe de la Unidad Militar de Emergencias recién creada, declaraba poco después de sus primeras intervenciones en los incendios de Córdoba y Canarias de este verano: «les he dicho a los responsables autonómicos que no venimos a competir con ellos, sino a ayudarles cuando nos llamen». Pues eso. (El Correo, 9/9/2007)
Todo el mundo sabe que esta decisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero es consecuencia de la insuficiencia o la ineficacia y la descoordinación observadas en la atención de catástrofes naturales y graves siniestros por los servicios de protección civil de las comunidades autónomas. Muchas veces estos servicios son insuficientes o incapaces de atender las dimensiones del problema y otras resulta imposible obtener la cooperación de los servicios de las comunidades vecinas ante el temor de situaciones semejantes (incendios del verano, por ejemplo). Era y es un clamor que cuando las dimensiones de la catástrofe supera los limites de una comunidad y alcanza a dos o a tres (una nevada que corta la comunicación entre ciudades, por ejemplo), las autoridades respectivas acaban responsabilizando al vecino de las descoordinaciones que se originan en su atención. Vienen a mi memoria los incendios de Guadalajara del año pasado, los incendios recientes de Andalucía, Canarias o Galicia o la nevada en la carretera de Madrid a Valencia, de hace unos años, por citar sólo algunos casos en los que estos problemas se han producido.
Jurídicamente puede ser que el razonamiento del Gobierno vasco sea correcto. Pero políticamente me parece ridículo y peligroso. En el reparto competencial establecido en nuestra Constitución y en los estatutos de autonomía, se contempla, efectivamente, que la protección civil es un competencia exclusiva de la comunidad autónoma (naturalmente cuando la catástrofe se circunscribe al territorio de la comunidad). Pero se me ocurren tres argumentos políticos con los que reclamar un poco de cordura en este asunto.
La intervención de la UME, que así se llama la Unidad Militar de Emergencia creada en el Ejército español, sólo se producirá en casos muy especiales y graves, en los que razones de interés nacional aconsejen al Gobierno de España tomar esa decisión. Estamos pues hablando de supuestos de rarísima aplicación, de manera que la competencia general de la protección civil de la comunidad autónoma no queda alterada o vulnerada en la generalidad de los supuestos producidos. Además, según ha declarado públicamente el jefe de la UME a los medios de comunicación, en el 99% de los casos la unidad sólo actuará a petición de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, estamos, no haría falta decirlo, en un mundo con riesgos crecientes: terrorismo sin fronteras físicas ni morales para producir grandes daños a poblaciones masivas; instalaciones nucleares o químicas o biológicas peligrosísimas; cambios climáticos con efectos todavía desconocidos, etcétera. Todos los gobiernos del mundo están fortaleciendo los servicios de protección civil ante catástrofes masivas (como fueron las inundaciones de Nueva Orleans o las de Inglaterra este mismo año). ¿Debía crear el Gobierno de España una fuerza preparada técnicamente para estos eventos? Evidentemente, sí ¿Debía regular el Gobierno su protocolo de actuación? Naturalmente.
Se alega un rígido esquema de reparto competencial pero se omite una visión dinámica de las normas y de los sistemas territoriales compuestos, imprescindibles para una aplicación lógica y razonable de nuestro modelo autonómico. Cuando se reclaman mayores cotas autonómicas o aplicaciones descentralizadoras de las políticas públicas estatales, delegaciones competenciales del Estado a través del 150.2 de la Constitución, etcétera, se debe ser consecuente con la doble dirección en que deben inscribirse esas reformas. Dicho de otro modo, un estado federal, como lo es el Estado autonómico español, debe ser flexible y admitir correcciones y reformas en las competencias y en el ejercicio de las políticas públicas tanto hacia las comunidades autónomas como hacia el Gobierno central. A ese espíritu responden las reformas introducidas recientemente en el modelo federal Alemán y son frecuentes en el funcionamiento de la organización territorial de EE UU (la centralización de la lucha contra la droga adoptada en Norteamérica hace ya bastantes años es un buen ejemplo). Cuando iniciamos la negociación del Estatuto de Cataluña en las Cortes, en la primavera de 2006, hice un discurso en este sentido, a propósito de la protección civil precisamente, ante la delegación catalana del Parlament. Recuerdo las caras de sorpresa de mis interlocutores y las vagas excusas esgrimidas para abordar una reforma en tal sentido. Pues bien, este real decreto se inscribe en esta inteligente y respetuosa flexibilidad competencial que necesita nuestro modelo territorial en un tema tan importante como éste.
Por último, un argumento de inexcusable realismo. Me refiero a hechos tan reales como que ya los hemos vivido. En agosto de 1983 el Nervión se desbordó e inundó gran parte de su cuenca y el Gran Bilbao. Murieron cerca de cincuenta personas y los daños materiales fueron incalculables. Todos los recordamos. Pero ¿recuerdan qué servicios públicos intervinieron? Todos, naturalmente, incluidos policías, guardias civiles y el ejército, que salvaron vidas y haciendas, entregando las suyas.
Quiero equivocarme, pero intuyo un gesto político contra el Gobierno de España y el Ejército español en este recurso y me parece, lo repito, ridículo y peligroso, además de injusto. Pongamos que ese recurso prospera. Pongamos que la unidad militar creada para grandes catástrofes no puede intervenir en Euskadi. ¿A quien pedimos ayuda si nos desbordan los daños? ¿Porqué una fuerza de cuatro mil hombres, dotada técnicamente y preparada para afrontar estos problemas y otros que quizás no conocemos ni intuimos, no va a estar a nuestra disposición? El Teniente General Fulgencio Coll, jefe de la Unidad Militar de Emergencias recién creada, declaraba poco después de sus primeras intervenciones en los incendios de Córdoba y Canarias de este verano: «les he dicho a los responsables autonómicos que no venimos a competir con ellos, sino a ayudarles cuando nos llamen». Pues eso. (El Correo, 9/9/2007)