13 de diciembre de 2017

El Parlamento Europeo da luz verde a la segunda fase de negociación del Brexit.

Nota de Prensa, 13/12/2017


Ramón Jáuregui: "Hemos salvado los derechos de 4.5 millones de ciudadanos y ciudadanas de por vida"




Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales, ha calificado de satisfactorio el acuerdo alcanzado sobre el Brexit a comienzos de este mes, "las tres grandes materias sobre las que he hemos negociado se han resuelto favorablemente, por lo que podemos pasar a la segunda fase", ha explicado, señalando que "la única interpretación posible es en beneficio de la plenitud de los derechos de la ciudadanía".

En el debate que ha tenido lugar hoy en la Eurocámara -en vísperas a la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE- sobre el proceso de salida de Reino Unido de la UE con el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, Jáuregui ha manifestado que "la principal y mejor noticia de los acuerdos previos es que los europeos en Reino Unido y los británicos en la UE conservarán, toda su vida, los derechos que tenían como europeos antes del Brexit"

Esta condición se aplicará a todos los europeos que residan en el Reino Unido y a los británicos que residan en Europa antes del 29 de marzo de 2019; y será la Corte de Justicia europea quien resuelva los conflictos que puedan surgir en el futuro sobre esta materia. Y esta, ha recordado Ramón Jáuregui, "fue la condición que Europa estableció para pasar a la segunda fase de negociaciones, junto a la de preservar los acuerdos de paz en la frontera de Irlanda y la factura de la salida".

El Parlamento tiene que dar su visto bueno al acuerdo de separación, que debe estar listo en marzo de 2019.
 
 
Via: SOCIALISTAS PARLAMENTO EUROPEO

12 de diciembre de 2017

Obligando a las empresas a respetar los derechos humanos.


La historia reciente de las ETNs (empresas trasnacionales) muestra innumerables incidentes de abusos contra los derechos humanos como resultado de sus operaciones. Se sabe que estas empresas se han aprovechado de los marcos regulatorios débiles de los países en vías de desarrollo, de la corrupción o de su excesiva dependencia de los intereses corporativos

Esta realidad ha provocado una apremiante necesidad de fijar normas internacionales que sometan a esas grandes compañías a obligaciones en relación con los derechos humanos en esos países.

Se ha de remarcar, que a pesar de que se garantiza un extenso abanico de derechos dentro de los acuerdos comerciales y de los de inversión, sigue existiendo un importante desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las ETNs. Sus obligaciones en materia de derechos humanos no son tan evidentes, por lo que garantizar su cumplimiento resulta más complejo. De acuerdo con el poder que ostentan las ETNs la probabilidad de que las legislaciones nacionales les impongan obligaciones en el ámbito de los derechos humanos y consigan que rindan cuentas cuando cometan violaciones, resulta en general poco realista.

Con el objetivo de abordar estas deficiencias, se estableció en 2015 un Grupo de Trabajo intergubernamental dentro del entorno de Naciones Unidas, cuya tarea principal era redactar un tratado vinculante en el ámbito de los derechos humanos y las empresas. La Unión Europea, por su parte, acabó involucrándose en las negociaciones, reiterando que el futuro tratado debería incorporar a todo el conjunto de las empresas, no solamente a las trasnacionales. El Parlamento Europeo se posicionó como defensor de esta iniciativa y animó al conjunto de la UE a adoptar una óptica constructiva y positiva al respecto.

Tras las 2 primeras sesiones de negociación del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición, y basándose en el documento Elementos para el Proyecto de Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas con Respecto a los Derechos Humanos algunas conclusiones son evidentes:
  • Las empresas deben mostrar diligencia debida, haciendo frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos en el marco de sus actividades.
  • Existe la necesidad de proporcionar un instrumento internacional jurídicamente vinculante y efectivo para las víctimas de los abusos cometidos por las ETNs y la EOs (otras empresas), ya que a menudo sufren dificultades a la hora de acceder a las vías de recurso.
  • Asegurar el establecimiento de recurso, mediante la adscripción de un tribunal internacional con competencias penales y civiles que supervise las obligaciones de los Estados a la hora de proporcionar recursos, así como la configuración de un comité internacional que admita reclamaciones individuales o un mecanismo internacional de arbitraje.
  • Fortalecer el reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, en lo referente a los derechos humanos.
  • Es evidente la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos potenciando una mayor atención a los abusos sistémicos subyacentes de los mismos.
Al finalizar la tercera ronda de negociaciones, el Grupo de Trabajo Intergubernamental y el conjunto de la sociedad civil pidieron la continuidad de la autonomía del proceso y la redacción de un proyecto de documento para 2018 que tuviera como puntos de referencia, entre otros:
 
  1. El asegurar la responsabilidad civil, administrativa y penal de las ETNs y EOs en relación con las violaciones de derechos y abusos de derechos humanos.
  2. Incluir mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y una reparación efectiva para esas violaciones o abusos a los derechos humanos cometidos por ETNs y EOs.
  3. Incluir obligaciones preventivas a dichos impactos adversos a los derechos humanos.
  4. Reafirmar que las obligaciones de los Estados en relación a la protección de los derechos humanos no terminan en sus fronteras territoriales.
La sociedad civil está dispuesta a contribuir activamente en el proceso y decidida a colaborar para avanzar hacia una cuarta sesión del Grupo de Trabajo en 2018. En cuanto a las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas de todo el mundo, están a la espera de que El Tratado se haga realidad y que el curso de las negociaciones se lleve a cabo de una manera consultiva y transparente.
La gran pregunta es qué harán los países. ¿Habrá acuerdo en la Comunidad Internacional para dar este paso extraordinario en la defensa de la dignidad humana? No será fácil. Por eso hay que empujar.
 

Intervención Sesión Plenaria 12/12/2017


Informe sobre la investigación en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales.



7 de diciembre de 2017

Manuel Marín (1949-2017)

 
 
Aquella foto de Manolo dormido en una mesa de despacho con los pies apoyados en la ventana marcó la primera gran etapa vital de Manuel Marín. Las negociaciones de adhesión fueron eternas, complejas y difíciles y se trabajó duro los tres primeros años del gobierno socialista (1983-1986). Manolo fue hombre clave en aquel gran éxito político que fue la incorporación de España a Europa. Su educación en la Escuela Europea de Brujas le hizo europeo además de español y por eso fue un europeísta adelantado en nuestro país.

Más tarde fue Comisario y Vicepresidente de la UE durante la década de los noventa. Su gestión estuvo marcada por las políticas de empleo, el desarrollo de la cooperación europea con el mundo, la política internacional de la Unión y la expansión de los programas educativos comunes (Erasmus). En Europa se le reconoce como un gran europeísta, hombre serio, riguroso, trabajador y buena persona. Su contribución a la ciudadanía europea estuvo marcada por la creación del programa más exitoso y popular de la Unión: el intercambio de estudiantes universitarios. Casi 500.000 europeos estudiaron en otro país con la beca Erasmus.

Acabó su vida política en España como Presidente del Congreso de los Diputados. Allí manejó la tensión partidaria y el pluripartidismo con paciencia y diplomacia, poniendo a prueba su cabeza ordenada y un poco germánica para la flexibilidad que reclaman las tensiones partidarias.

En definitiva, una trayectoria limpia y honesta, lo que ya es mucho en los tiempos que corren. Un político respetado por todos y admirado por muchos, lo que es más todavía. Un socialista que se fue dejando un rastro de dignidad, coherencia y solvencia. Ojalá tengamos muchos como él.
 
Publicado en Letras Libres, 7/12/2017
Foto: Alfredo García Francés.

1 de diciembre de 2017

Concierto vasco, lealtad y solidaridad.

"Sería inteligente y justo que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos."

El debate sobre el sistema fiscal vasco se produce en el marco de dos parámetros fundamentales. El primero es el soporte constitucional que lo ampara. El segundo es la creciente animosidad económica que suscita. Respecto al primero hay que decir que las dos grandes fuerzas políticas del país, PSOE y PP, han venido mostrando a lo largo de casi cuarenta años de democracia un apoyo firme y sostenido al Concierto Económico vasco. Así ha venido ocurriendo, tanto en la regulación del Concierto mismo como en las negociaciones técnicas que definían el Cupo y en la coordinación fiscal de los impuestos y de las administraciones tributarias.

 Este apoyo político al Concierto no es solo obligado por el mandato constitucional. Me atrevo a pensar que la fundamentación política del Concierto vasco en el ‘establishment’ español es más profunda y responde a la convicción de que este singular marco de relación económica del País Vasco con el Estado es base incuestionable de su anclaje sociopolítico en España. Es más, todo el mundo sabe que cuestionarlo significaría una peligrosísima provocación de males mayores y todo el mundo acepta esa sabia regla de la política que exige no tomar decisiones que, por arreglar una parte, destruyen el todo.

Pero no es menos cierto que el otro parámetro de nuestro debate, el que se refiere a la crítica que suscita en el resto de comunidades autónomas, está creciendo por momentos. Por lo que yo sé, nadie cuestiona el Concierto, es decir, la recaudación fiscal autónoma de los impuestos, sino el cálculo del Cupo para pagar las cargas no asumidas, es decir, las competencias del Estado que este realiza con carácter exclusivo para el conjunto de España. La complejidad técnica de este cálculo genera debates muy primarios, manipulaciones mediáticas y políticas muy burdas. Este es para mí el terreno más peligroso para el futuro del Concierto. Por eso me permito hacer algunas recomendaciones.

La primera se refiere al uso que el País Vasco y Navarra hagamos de nuestra autonomía para fijar tipos e impuestos que puedan generar competencia fiscal con las regiones frontera o con el resto de España y Europa. Digámoslo con claridad: los márgenes para esa autonomía son cada vez menores y la armonización fiscal en toda Europa avanza inexorable. Hace solo unos meses, dirigí una carta al lehendakari y a la presidenta navarra anunciándoles una directiva de la Comisión Europea que pretende consolidar las bases del Impuesto de Sociedades en el conjunto de los 27 países de la Unión. Los escándalos fiscales de ‘Lux-Leaks’, es decir, la competencia desleal de Luxemburgo cerrando acuerdos con las compañías para que instalen allí sus sedes centrales, y los problemas de cobro del impuesto a las compañías tecnológicas y trasnacionales que han dado lugar a la Directiva (Country by Country) para asegurar el pago de los beneficios en cada país, son solo dos de los impulsos a esa armonización. Después llegaron ‘Panamá Papers’,‘Paradise Papers’, etc. en una alarma social cada vez más expansiva, reclamando a las administraciones normas comunes contra la evasión y la elusión fiscal. Esa lucha por la justicia fiscal nos obliga y nos limita cada vez más.
No olvidemos además que cuando hemos utilizado nuestra autonomía fiscal para competir con otros territorios hemos sido sancionados gravemente (vacaciones fiscales) y si lo hacemos en el futuro seremos denunciados –sin ninguna duda– ante la Comisión de la Competencia por «ayudas de Estado».

Mi segunda recomendación es que el País Vasco debe ser transparente y pedagógico en la utilización del Concierto. Los vascos no pagamos menos impuestos que el resto de españoles y eso no todo el mundo lo sabe. La reducción de un punto nominal en sociedades es una minucia que será compensada con menos deducciones y desgravaciones, por lo que las empresas en Euskadi pagarán probablemente un tipo real y medio superior al resto, pero esto tampoco se sabe. En todo caso, el anuncio a bombo y platillo de esa reducción en las mismas fechas en que se aprobaba el Cupo ha sido un error manifiesto de oportunidad.
El Gobierno vasco debiera dar más y mejores explicaciones sobre el Cupo que pagamos y la financiación per cápita que tenemos para nuestras competencias. La acusación que viene de otras comunidades, de expertos y de medios económicos, atribuye al País Vasco y Navarra una financiación casi un 50% superior a otras comunidades. Son cálculos interesados, inexactos y manipulados. Pero nuestra explicación brilla por su ausencia. El Concierto puede dar diferencias finales de financiación, porque su naturaleza y el riesgo de la recaudación propia conllevan también esa ventaja, pero nos corresponde ser más explícitos en nuestros números para amortiguar esa crítica.

Por último, y en relación con lo anterior, el Cupo debiera incluir más explícitamente nuestra contribución a la solidaridad interterritorial. Es cierto que algunas de las partidas de cálculo del Cupo ya lo hacen, por su propia naturaleza. Pero llegados a este estado de las cosas, sería inteligente –y justo– que contribuyéramos con una definición más concreta a los mecanismos de cohesión territorial de una España demasiado desigual en parámetros socioeconómicos. Como lo hace Europa con las regiones menos desarrolladas y como lo hizo España con Euskadi en la reconversión industrial o en la transformación urbana del Gran Bilbao.
Concierto, lealtad y solidaridad no debieran ser términos incompatibles. Mantener el Concierto es políticamente clave. Ser leales en su utilización con las regiones vecinas y con el conjunto de España y Europa es necesario. Ser solidarios con las comunidades más pobres es justo. Ese es el camino para evitar la simplificación y la demagogia contra una institución que forma parte sustancial de nuestro marco jurídico y político.


Publicado el 1/12/2017 en El correo.


 

21 de noviembre de 2017

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Foto: SANTOS CIRILO
Videos: PARLAMENTO EUROPEO.